Jose Ignacio Hernández G.

Hace unos meses publiqué aquí un análisis sobre la licencia otorgada a Chevron por el Gobierno de Estados Unidos. Los rumores de una nueva licencia que amplíe las operaciones de la empresa en Venezuela han venido creciendo en las últimas semanas. Como suele suceder, algunos de los enfoques sobre este tema resultan un tanto superficiales y sesgados. No está de más, en este confuso panorama, tratar de aclarar algunas ideas básicas, con el propósito de contribuir al entendimiento de una situación que debe ser abordada con mayor transparencia.

El ABC de Chevron

Vamos a explicar este complejo tema de la manera más sencilla posible.

Chevron es una empresa petrolera internacional que es socia minoritaria en empresas mixtas que, de acuerdo con la Ley venezolana, deben actuar bajo el control de PDVSA, por medio de su filial Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Hacia 2013, el colapso de PDVSA -ocasionado por las malas políticas del Gobierno de Chávez- llevó a celebrar acuerdos con los socios minoritarios para sufragar el funcionamiento de las empresas mixtas. Entre otros, estos contratos fueron celebrados por Chevron, lo que permitió a la empresa financiar la producción y cobrarse con las exportaciones petroleras.

Ahora bien, en enero de 2019 el Gobierno de Estados Unidos sancionó a PDVSA, lo que, entre otras condiciones, impedía a Chevron ejecutar los acuerdos derivados de las empresas mixtas en las cuales participa como socio minoritario, y por ello, creaba complicaciones adicionales para cobrarse su deuda. Para autorizar la continuidad de las operaciones de Chevron en Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos emitió, el 28 de enero de 2019, la licencia 8. Esa licencia, básicamente, permitió a Chevron mantener las mismas operaciones que mantenía en Venezuela para esa fecha. Con lo cual, es importante aclarar que Chevron no ha cesado operaciones en Venezuela. Lo que está en discusión no es que Chevron reasuma operaciones en Venezuela, sino algo muy distinto: que aumente sus operaciones en el país.

“¿Puede una licencia permitir a Chevron realizar operaciones que vayan más allá de su rol como socio minoritario en empresas mixtas? La respuesta es negativa”

Sin embargo, el 21 de abril de 2020 la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) renovó la licencia 8, ahora como licencia 8F. La nueva licencia limitó el ámbito de operaciones de Chevron, y en concreto, creó nuevas restricciones para mantener el financiamiento a PDVSA e incluso, renegociar la deuda con la empresa, o recibir crudo como pago. Entre otras cosas, esto creó limitaciones adicionales para que Chevron pueda cobrar la deuda que mantiene con PDVSA, estimada en “millardos” de dólares.

La licencia 8F ha sido renovada varias veces, hasta la licencia 8J, emitida el 27 de mayo de 2022, que vence el 1 de diciembre de 2022. Bajo esta licencia, como vimos, Chevron encuentra severas limitaciones que crean obstáculos adicionales para aumentar la producción petrolera y así, poder cobrar la deuda que mantiene con PDVSA. Por ello, Chevron está interesada en expandir sus operaciones en el país. Para ello, en mayo el Gobierno de Estados Unidos permitió a Chevron negociar con Maduro las nuevas condiciones para ampliar sus operaciones.

En septiembre, Chevron solicitó una nueva licencia, precisamente, para aumentar sus operaciones en Venezuela. Esto es, no se trata de volver a las condiciones originales de la licencia 8, sino de aumentar sus operaciones, incluso, asumiendo la producción de petróleo. Así, debido al colapso de PDVSA, el aumento de la producción petrolera requiere de inversiones en capital y de talento humano que Chevron podría aportar, y con ello, lograr el pago de su deuda. En todo caso, y aun cuando se han realizado varias estimaciones sobre cuánto podría aumentar la producción, lo cierto es que existen severos obstáculos operativos y legales que deberían sortearse.

En resumen, lo que está en discusión es cómo aliviar las sanciones -y las restricciones de la licencia 8- para que Chevron pueda aumentar su producción petrolera en Venezuela. Este tema, incluso, sería objeto de consultas con la Plataforma Unitaria, en Panamá y en Washington, D.C.

Las condiciones de la nueva licencia

¿Puede una licencia permitir a Chevron realizar operaciones que vayan más allá de su rol como socio minoritario en empresas mixtas?

La respuesta es negativa.

Mientras la atención se ha centrado en resumir las razones que justifican otorgar una nueva licencia, poca atención se ha prestado a las condiciones bajo las cuales esa licencia debe ser otorgada. Y esto, en realidad, es lo más importante.

En tal sentido, destaco seis condiciones que deberían considerarse al momento de otorgar una nueva licencia a la empresa.

*Legalidad. Chevron no puede recibir una licencia para asumir operaciones de producción y exportación en Venezuela, simplemente, pues la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y los términos y condiciones de las empresas mixtas lo prohíben. Por ello, hace falta un nuevo marco jurídico que permita a Chevron asumir esas actividades, y que, además, garantice sus derechos económicos, visto el elevado riesgo expropiatorio que existe en Venezuela. Esta reforma pasa por resolver un problema de legitimidad: ¿puede la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro adoptar esa reforma jurídica?

*Transparencia. La política de sanciones hacia Venezuela debe ser consistente con las políticas anticorrupción, que requieren estándares de transparencia. Además, la renegociación de la deuda entre PDVSA y Chevron debe cumplir con estándares mínimos de transparencia, lo que pasa por el correspondiente control parlamentario en el marco del Artículo 187.3 de la Constitución. Pero esos controles son inexistentes en Venezuela, al punto que el país tiene uno de los índices de percepción de la corrupción más elevados del mundo.

*Prioridad de la asistencia humanitaria. La ampliación de las operaciones de Chevron beneficiará a la empresa y, de manera directa e indirecta, al régimen de Maduro. ¿Pero cómo favorecerá a los venezolanos y la atención de la Emergencia Humanitaria Compleja? Es necesario implementar reglas que aseguren que cualquier ingreso fiscal sea administrado de acuerdo con estándares humanitarios. El régimen de Nicolás Maduro no tiene capacidad para administrar con eficiencia y transparencia esos ingresos. Por el contrario, ante el colapso institucional, cualquier ingreso será desviado por la maquinaria de cleptocracia, que como reiteradamente ha señalado el Departamento de Justicia, afecta de manera especial a PDVSA.

*Igualdad de trato con los acreedores. La deuda externa de PDVSA puede estimarse en aproximadamente 72.000 millones de dólares; lo que ha dado lugar a decenas de juicios y arbitrajes, incluyendo las reclamaciones de empresas como ConocoPhillips y Exxon, que fueron ilegítimamente expropiadas bajo el Gobierno de Chávez. PDVSA debería asegurar un trato equitativo a todos los acreedores. De allí lo delicado de cualquier operación que permita la renegociación solo de cierta deuda -en este caso, la acreencia de Chevron- excluyendo a otros acreedores. Esto puede ser considerado un trato discriminatorio que podría derivar en nuevas reclamaciones judiciales en contra de PDVSA y, eventualmente, en contra de Chevron.

*Víctimas de violaciones de derechos humanos. Las víctimas venezolanas han quedado rezagadas en el tratamiento de la deuda pública venezolana: más interés se ha prestado al pago de la deuda financiera y no-financiera, que a la reparación debida a las víctimas venezolanas. Algunas de esas víctimas ya han logrado sentencias de condena en Estados Unidos, cuya ejecución no solo puede hacerse en contra de los -exiguos- activos externos del Gobierno de Venezuela, sino eventualmente, en contra de empresas privadas que, de una u otra manera, han colaborado con la capacidad de ese Gobierno para violar derechos humanos. Esta es otra razón para establecer sólidas condiciones de transparencia, sin las cuales, Chevron -y otras empresas en simular situación- podrían ser demandada por las víctimas de las graves violaciones a los Derechos Humanos que sigue cometiendo el Gobierno de Nicolás Maduro.

*Daño ambiental. Venezuela es responsable del ecocidio en el Arco Minero del Orinoco, todo lo cual obliga a extremar los estudios de impacto ambiental de industrias extractivas. A ello hay que agregar los compromisos internacionales que, para mitigar el calentamiento global, han propuesto acotar las actividades de producción petrolera. Por ello, no es posible otorgar ninguna licencia que no tome en cuenta este impacto ambiental.

Una República en venta

En la historia de Venezuela -como recordó Simón Alberto Consalvi– la relación entre las empresas petroleras venezolanas y el Estado ha sido conflictiva, en parte, por la expansión de la industria petrolera que se realizó cuando el Estado venezolano no estaba formado. Rómulo Betancourt se refirió a esa época con la frase “una República en venta”.

No se pone en duda los derechos económicos legítimos de Chevron, que han sido afectados, en especial, por las restricciones impuestas en la licencia 8F. De no solventarse esa situación, existe el riego de que la empresa cese operaciones y que, además, intente reclamaciones en contra de PDVSA. Ninguna de esas consecuencias es positiva. Pero ello no implica que la solución sea otorgar una licencia que amplíe los derechos de Chevron en Venezuela, al margen de cualquier condición que asegure no solo una gestión transparente y humanitaria, sino en especial, avances significativos en la transición venezolana.

“La deuda externa de PDVSA puede estimarse en aproximadamente 72.000 millones de dólares; lo que ha dado lugar a decenas de juicios y arbitrajes, incluyendo las reclamaciones de empresas como ConocoPhillips y Exxon”

Aquí pareciera que la barra se ha bajado, pues ahora se considera como avance significativo que el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria se sienten de nuevo en México. Lo único concreto que se ha asomado es un posible acuerdo para el uso humanitario de activos externos del Gobierno de Venezuela. Aquí conviene tener en cuenta que muchos de esos activos están sujetos a investigaciones y medidas que no se van a levantar solo con acuerdos políticos. Además, el único peso legal que la Plataforma Unitaria tiene sobre algunos de estos activos desaparecerá el 5 de enero de 2023, cuando se extinga el mandato de la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional electa en 2015 y del Gobierno interino. A partir de ese día, Maduro tendrá poder legal sobre los activos externos, y no necesitará, para ello, de acuerdos políticos.

Por ello, creo que lo importante es centrarse en las condiciones que debería cumplir cualquier licencia petrolera. Esas condiciones, en suma, deben recordar que el problema a solucionar en Venezuela no es cómo aumentar la producción petrolera, sino cómo solucionar una aguda crisis política que, a través de la corrupción trasnacional, políticas arbitrarias, graves y sistemáticas de violaciones de derechos humanos, ha ocasionado una inédita Emergencia Humanitaria Compleja de alcance regional.

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Jose Ignacio Hernández G. Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela. Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) y Fellow del Harvard Kennedy School. Profesor invitado Universidad Castilla-La Mancha-PUCMM-Universidad de Taskent. Autor de diversos artículos y libros sobre Derecho Administrativo, en especial, desde la perspectiva Iberoamericana. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.com.

Nota del Editor: Este artículo fue originalmente publicado en La Gran Aldea (LGA),  el 17 de Octubre, 2022. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. EnergiesNet.com no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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EnergiesNet.com 25 10 2022