Por Rubén Aguilar Valenzuela

En noviembre de 2022, El Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica, en colaboración con la encuestadora Altica, realizó un estudio a nivel nacional sobre lo que piensa la ciudadanía sobre lo que hoy debe o no hacer el Ejército y los militares.

El instituto es una consultora en campañas electorales y comunicación estratégica, constituida hace más de 20 años, que entre otras actividades ha realizado catorce campañas electorales presidenciales en México y otros países de América Latina, entre ellos Ecuador, Panamá, Chile y Guatemala.

La consultora me autorizó a publicar los datos de la investigación privada que parte de 5000 entrevistas con levantamiento digital en las 32 entidades federativas. Se utilizó un cuestionario estructurado y programado en la plataforma propia de Altica. El índice de confianza estadística es del 95 %.

El estudio se hizo para ubicar la percepción ciudadana sobre el Ejército de cara a las campañas electorales. La encuesta registra las respuestas en relación a la simpatía que el encuestado tiene con la 4T y la Alianza; también contempla a los indecisos.

A nivel general, el resultado de las preguntas sobre si el Ejército debe participar en distintas actividades, el resultado es el siguiente:

El 93 % dice que debe atender casos de desastres.

El 91 %, intervenir en la defensa del país en caso de una invasión militar.

El 90 % debe combatir al narcotráfico y al crimen organizado.

El 53 % está de acuerdo que intervenga para combatir al crimen común

El 33 % se opone; el 22 % está de acuerdo con que lo haga en excepciones.

El 38 % aprueba que intervenga para mantener el orden público en casos de protesta social; el 33 % se opone y el 22 % estaría de acuerdo en casos excepcionales.

El 46 % no aprueba que construya infraestructura pública como el Tren Maya; el 42 % sí lo apruebe y  9 % solo en casos excepcionales.

El 53 % no aprueba que administre empresas del gobierno como aerolíneas, la CFE o Pemex; 29 % sí lo aprueba y 15 % en casos excepcionales.

El 52 % no aprueba que sean servidores públicos en áreas económicas o políticas; el 25 % sí lo aprueba y el 19 % en casos excepcionales.

El 65 % rechaza sean candidatos a diputados y senadores; el 15 % sí lo acepta y el 14 % en casos excepcionales.

El 61 % rechaza sean candidatos a gobernador o alcalde, el 15 % si lo aprueba y el 15 % en casos excepcionales.

El 64 % no acepta que sean candidatos a la presidencia de la República; el 14 % sí lo acepta y el 13 % en casos excepcionales.

El estudio dividió en cinco sectores a la población encuestada: duros de la 4T; blandos de la 4T; indecisos; duros de la Alianza y blandos de la Alianza. En las tres primeras preguntas no hay diferencias en las respuestas de los cinco grupos. Todos, por una gran mayoría, aprueban que el Ejército intervenga en casos de desastre, frente a una intervención militar extranjera y para combatir al crimen organizado. En los siguientes ocho temas sí influye de manera decisiva la militancia que se tenga en la respuesta:

Que el Ejército intervenga para mantener el orden público, lo aprueba el 51.8 % de los duros de la 4T y el 57.2 % de los blandos; no lo aprueba el 60.1 % de los duros de la Alianza y el 53.8 % de los blandos; y el 42.2 % de lo indecisos lo aprueba.

Sobre si debe combatir el crimen común, está de acuerdo el 84.8 % de los duros de la 4T y el 77.5 % de los blandos; no lo aprueba el 43.6 % de los duros de la Alianza y el 41.8 % de los blandos; el 56.6 % de los indecisos lo aprueba.

Sobre si el Ejército debe de intervenir o no en la construcción de infraestructura pública como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, lo aprueba el 92.4 % de los duros de la 4T y el 77.2 % de los blandos; no lo aprueba el 95.9 % de los duros de la Alianza y el 86.6 % de los blandos; el 55.5 % de los indecisos no lo aprueba.

Respecto a si el Ejército debe administrar o no empresas del gobierno como aerolíneas, CFE o Pemex, está de acuerdo el 92.4 % de los duros de la 4T y el 77.2 % de los blandos; no lo aprueban el 95.9 % de los duros de la Alianza y el 87.6 % de los blandos; el 50.5 % de los indecisos no lo aprueba.

Sobre si un militar puede ser servidor público en áreas económicas y políticas, el 41.4  % de los duros de la 4T sí lo acepta y el 43.8 % de los blandos; no lo acepta el 87.9 % de los duros de la Alianza y el 82 % de los blandos; el 44.4 % de los indecisos está en contra.

A la pregunta si un militar puede ser candidato en una elección para diputado o senador, no lo acepta el 39.8 % de los duros de la 4T y el 42.8 % de los blandos; sí lo acepta el 24.9 % y el 25.9 % respectivamente. No lo acepta el 94.3 % de los duros de la Alianza y el 86.2 % de los blandos. El 68.1 % de los indecisos tampoco lo acepta.

Si un militar se postula para gobernador o alcalde, el 41.5 % de los duros de la 4T no lo acepta y el 38.4 % de los blandos; sí lo acepta el 28.6 % y el 24.7 % respectivamente. No lo acepta el 94 % de los duros de la Alianza y el 81.6 % de los blandos. El 60.2 % de los indecisos no lo acepta.

Si un militar se postula para la presidencia de la República, el 46.3 % de los duros de la 4T no lo acepta y el 42.7 % de los blandos; sí lo acepta el 22.65 % y el 26.95 % respectivamente. No lo acepta el 93.6 % de los duros de la Alianza y el 85.5 % de los blandos. El 58 % de los indecisos no lo acepta.  

El estudio muestra con claridad que en la sociedad mexicana hay consenso, sin importar las simpatías políticas, en que el Ejército actúe en casos de desastres, de una intervención extranjera y en contra del crimen organizado. Tareas que a lo largo de décadas han sido las propias del Ejército. Son parte de su identidad, que se ha construido a partir de estas responsabilidades reconocidas por la sociedad en general.

López Obrador al asumir su cargo como presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha dado nuevas tareas al Ejército en el ámbito de la administración pública y también lo ha convertido en propietario de bienes como aeropuertos, líneas aéreas, líneas férreas, trenes y otras actividades empresariales. La encuesta revela que los simpatizantes de la 4T están de acuerdo,  en un alto porcentaje, en que esto sea así. La oposición, en cambio, también en un alto porcentaje desaprueba radicalmente estas nuevas responsabilidades del Ejército.

Sobre la participación de los militares por cargos de elección popular en su mayoría los simpatizantes de la 4T y de la oposición están en desacuerdo, aunque en porcentaje muy distinto. Los duros que simpatizan con la oposición lo rechazan por arriba del 90 % y los blandos por arriba del 80 %. Y los duros y los blandos de la 4T lo rechazan por arriba del 40 % y lo aceptan por arriba del 20 %.

Es evidente que no hay consenso en la sociedad mexicana sobre la participación del Ejército como propietario y en la administración pública, su aceptación o no pasa por las simpatías políticas. Hay consenso en la sociedad mexicana de que los militares no deben participar por puestos de elección popular. De acuerdo a las simpatías políticas cambia el porcentaje del rechazo.

En las sociedades democráticas, los ejércitos tienen altos niveles de aprobación y México no es la excepción. A partir del actual gobierno por decisión de su comandante en jefe, el  Ejército ha asumido responsabilidades en la administración pública que antes no tenía y también se ha hecho propietario de bienes que gestiona como una empresa privada. Hay un sector muy significativo de la sociedad que no está de acuerdo con esto.

Ahora el Ejército, por lo mismo, está bajo la mirada de un sector de la sociedad que no admite lo que ahora hace. Es muy probable que quien no esté de acuerdo empiece a valorar al  Ejército de manera más crítica y que, entonces, se vea afectada la imagen positiva que ha tenido en las últimas décadas. Habrá que ver. Un dato que apunta en esta dirección es su intervención ante los efectos del huracán Otis en Guerrero, donde han aparecido críticas que antes no se daban de la actuación del Ejército en este tipo de eventos.

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Rubén Aguilar Valenzuela, Socio fundador de Afan Consultores Internacionales, S.C. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor en el Departamento de Comunicaciones y Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana. Articulista en diversos periódicos y revistas. Fue Fundador y director de la Agencia Salpress del FMLN, el Salvador. coordinador de la Secretaría Particular de la presidencia de Fox (2002-2004) y portavoz del gobierno (2004-2006). Sus últimos libros en conjunto con Jorge Castañeda son: La Diferencia: Radiografía de un sexenio (2007) y El Narco: La Guerra Fallida (2009). Twitter: @RubenAguilar, ruben@miscuadernos.com.mx. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet

Nota del Editor: Este artículo fue originalmente publicado en Nexos, el 10 de noviembre 2023. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. EnergiesNet en Español no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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EnergiesNet.com 18 11 2023