Por Annie Corral

Bogotá – Apenas unas semanas antes de que se desatara el caos en Ecuador con el escape de dos líderes criminales, disturbios en las prisiones y un breve sitio a un canal de televisión, la fiscala general del país había empezado una gran operación para extirpar a la narcocorrupción de las altas esferas del gobierno.

La investigación, conocida como “Caso Metástasis”, ocasionó que se realizaran redadas en todo Ecuador y llevó a más de 30 detenciones.

Entre los acusados hubo jueces a quienes se les presentaron cargos por brindar fallos favorables a los líderes de las organizaciones criminales, oficiales de policía que supuestamente manipularon pruebas y entregaron armas a las cárceles e incluso el exdirector de la autoridad penitenciaria, quien fue acusado de darle trato especial a un poderoso narcotraficante.

Habían sido implicados por conversaciones de texto y registros de llamadas extraídos de teléfonos celulares de un narcotraficante que fue asesinado en prisión.

Cuando Diana Salazar, la fiscala general, anunció los cargos el mes pasado, indicó que la investigación había revelado la incrustación de grupos delictivos en las instituciones ecuatorianas. También advirtió que en los días siguientes podría haber “una escalada de violencia” y dijo que el poder ejecutivo ya estaba en alerta.

Esta semana, su predicción se volvió realidad.

Entrevistas con expertos en seguridad y fuentes de inteligencia revelan lo que podría haber desencadenado la violencia en Ecuador esta semana, que fue tan intensa que llevó al presidente, Daniel Noboa, a declarar la guerra a las bandas e imponer un estado de excepción.

Según los entrevistados, la investigación de la fiscala general desempeñó un papel fundamental.

“Metástasis es el punto de arranque”, dijo Mario Pazmiño, un coronel jubilado y exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano que se desempeña como analista independiente en materia de seguridad.

Los operativos presionaron a Noboa, quien asumió la presidencia en noviembre y prometió enfrentar a las pandillas y limpiar el sistema penitenciario, para que tomara medidas concretas, dijo Pazmiño.

El presidente aseguró que se avecinaban cambios considerables. Si bien no los dio a conocer públicamente, autoridades afirmaron que los cambios incluían el traslado varios líderes poderosos de bandas criminales a unas instalaciones de máxima seguridad conocidas como La Roca en Guayaquil, una importante ciudad costera.

No obstante, los líderes de las pandillas se enteraron del plan antes de que se llevara a cabo, lo más probable debido a una filtración en el gobierno, según las autoridades. Y el domingo, Adolfo Macías, que encabeza una pandilla conocida como los Choneros y es considerado por mucho el líder pandillero más poderoso de Ecuador, desapareció de su celda.

Mientras por todo el país se registraron enfrentamientos de reos con guardias, otro líder criminal, Fabricio Colón Pico, que dirige Los Lobos, escapó el martes por la mañana de una penitenciaría en la ciudad de Riobamba.

Los expertos dijeron que los líderes de pandillas querían evitar que los enviaran a La Roca porque ahí la seguridad sería más estricta y muy posiblemente perderían el acceso a dispositivos electrónicos como celulares. Los cabecillas también temían morir a manos de sus rivales en La Roca si es que los alojaban juntos.

“Eso pone en riesgo la vida de cada uno”, comentó Pazmiño. “Ahí existe el punto de ruptura”.

En respuesta al traslado programado, los expertos dijeron que lo más probable es que los líderes hayan dado la orden —desde las prisiones que les sirven de centro de comando— para que los pandilleros contraatacaran.

Y así, el martes, los ecuatorianos experimentaron la peor violencia que hayan atestiguado en años, incluso cuando ya los enfrentamientos entre pandillas han convulsionado a un país que solía ser pacífico. En varias cárceles los internos tomaron de rehén a guardias e integrantes del personal. Un video de las redes sociales mostraba a guardias sometidos a punta de cuchillo.

En pueblos y ciudades hubo secuestros de oficiales de policía, incendio de vehículos y detonación de explosivos.

La mayor violencia se la llevó Guayaquil, donde hombres armados no solo irrumpieron en el estudio de TC Televisión durante una emisión, sino también en varios hospitales y abrieron fuego cerca de al menos una escuela.

Durante los tumultos murieron al menos 11 personas, de acuerdo con las autoridades, la mayoría de ellas en Guayaquil, y casi 200 integrantes del personal penitenciario fueron tomados como rehenes.

Las revelaciones de la fiscalía general —y el posterior plan de Noboa para trasladar a los líderes de las pandillas— habían provocado una intensa indignación.

“El operativo Metástasis es como patear el avispero”, dijo Gustavo Flores-Macías, profesor de Políticas públicas y gobierno en la Universidad de Cornell especializado en América Latina

Antes del operativo, los líderes de las pandillas parecían haber logrado un estado de “equilibrio”, dijo, en el que sentían que podían dirigir sus organizaciones lucrativas delictivas incluso tras las rejas, con la cooperación de las autoridades.

“Digamos que las pandillas operan bajo un cierto nivel de impunidad y vamos a decir que están bastante contentos con él”, dijo Flores-Macías. “Lo que está haciendo Metástasis es perturbar este equilibro que existe y que les permite seguir haciendo negocios. Así que en este submundo criminal hay una reacción que se da en la forma de estas acciones bastante violentas y espectaculares”.

El despacho de Salazar respondió diciendo que no estaban concediendo entrevistas debido a la situación de seguridad en curso.

La violencia que desencadenaron las pandillas fue enfrentada con fuerza. La tarde del martes, Noboa tomó la medida extraordinaria de declarar un “conflicto armado interno” con lo que desplegó al ejército en combate a una veintena de pandillas del país.

En los días después de la declaratoria, dijeron las autoridades, la policía y las fuerzas armadas habían abatido a cinco personas involucradas en la violencia relacionada con las pandillas y arrestado a más de 850.

El Departamento de Estado de EE. UU. emitió el jueves un comunicado en el que decía que funcionarios de seguridad, militares y gubernamentales visitarían Ecuador para apoyar su lucha contra lo que el departamento calificó de “niveles consternantes de violencia y terrorismo a manos de elementos narcocriminales”.

Una persona que trabaja en el sector de inteligencia de Ecuador y quien ofreció comentarios con la condición de permanecer anónima por la delicadeza del asunto, dijo el jueves que los líderes de las pandillas parecían haber sido aplacados por la feroz respuesta a la violencia de esta semana y habían ordenado que se instalara la calma en calles y prisiones.

Macías y Colón, los líderes de las pandillas, seguían prófugos.

Colón, que había sido detenido una semana antes de escapar y a quien Salazar acusó de planear matarla, publicó el jueves un video en X, la plataforma antes conocida como Twitter. Vestido con una sudadera con capucha y un gorro, dijo que solo había escapado porque creía que si seguía encarcelado lo iban a matar.

Dijo al presidente que se entregaría si podían garantizar su seguridad. En una entrevista radiofónica, Noboa dijo que no le ofrecería ningún trato de ese tipo.

Salazar, que es la primera persona negra en ser fiscal general de Ecuador, asumió el cargo en 2019. El año siguiente procesó a un expresidente, Rafael Correa, por delitos de corrupción y luego de que se le condenó, recomendó que se le sentenciara a ocho años de prisión, la pena máxima.

En 2022 inició su última investigación, luego de la muerte de Leandro Norero, líder de una pandilla.

Norero fue el fundador de Los Chone Killers y se había convertido en uno de los narcotraficantes y financistas más poderosos del país, al establecer vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación de México, dijo la fiscala.

Cumplía una sentencia por narcotráfico y lavado de dinero cuando murió en una masacre en prisión.

Al momento de su muerte, según las autoridades penitenciarias y los expertos, intentaba unir a varias pandillas rivales para convertirlas en un cártel.

Salazar dijo que también había estado recompensando con departamentos, autos, efectivo y prostitutas a los jueces, oficiales de policía, guardias y otros que lo ayudaban a él y a sus colaboradores.

Entre las personas que quedaron exhibidas por los registros telefónicos de Norero estaba Pablo Ramírez, quien fuera el director de la autoridad penitenciaria y a quien se le acusa de brindar trato preferencial a Norero. Ramírez ha negado haber tenido cualquier contacto con Norero.

Wilmer Terán, presidente del Consejo de la Judicatura y exmagistrado en la corte más alta del país, también fue procesado. Terán, cuyo consejo supervisa y disciplina a jueces y fiscales, ha rechazado haber sido parte de la extensa red de favores de Norero. El Consejo de la Judicatura lo ha respaldado y ha calificado al operativo de Salazar de campaña de desprestigio.

El día previo a la realización del operativo, legisladores que se cree son afines al expresidente Correa, anunciaron un plan para investigar a Salazar, asegurando que era selectiva con los casos que elegía.

Más o menos al mismo tiempo, Correa publicó en X un mensaje en el que advertía de un operativo inminente, un mensaje que Salazar luego diría había alertado a varios de los funcionarios involucrados, que evadieron ser capturados en las redadas.

“El término narcopolítica en Ecuador ha sido evidenciado”, dijo Salazar cuando dio a conocer los arrestos que se habían realizado.

En una audiencia de varias horas de duración, Salazar describió la forma en que los narcotraficantes habían penetrado el sistema político y penitenciario de Ecuador.

Las transcripciones de la evidencia de telefonía celular constaban de 15.000 páginas.

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, José María León Cabrera desde Quito y Thalíe Ponce desde Guayaquil, Ecuador.

Annie Correal reporta desde Estados Unidos y América Latina para el Times

nytimes.com 13 01 2023