El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI)

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) como organización de la sociedad civil plenamente comprometida con la defensa de nuestros intereses nacionales y la integridad territorial de la República, convencida de la justicia de nuestra reclamación de la Guayana Esequiba, y consciente de nuestra posición histórica al respecto; manifiesta a la opinión pública lo siguiente:

1) Tomamos nota de la entrega por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo en nombre de Venezuela del documento “Historical Truth of the Bolivarian Republic of Venezuela on the Guayana Esequiba. Historic Position – Counter-Memorial of the Bolivarian Republic of Venezuela” en el Registro de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco del caso pendiente Laudo Arbitral de 3 octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela) en la mañana de hoy 8 de abril de 2024. Aunque no hemos podido leer el documento porque aún no ha sido publicado, se ha mostrado por redes sociales que sería de varios volúmenes. Hacemos votos por el bien de los intereses nacionales de Venezuela, para que esta vez no tenga debilidades y omisiones importantes, y esté acompañado de documentos
fehacientes, a diferencia de los documentos oficiales enviados en fases previas del proceso judicial seguido en la CIJ.

2) Lamentamos que no hayan sido consultados ampliamente los expertos nacionales y organizaciones de la sociedad civil especializadas para la elaboración de tan importante documento, lo cual coloca todo el peso de la responsabilidad histórica en el Poder Ejecutivo respecto a lo que pueda ocurrir en adelante

3) Manifestamos nuestra profunda preocupación respecto al punto no2 del Comunicado de la Cancillería de Venezuela que se ha emitido en paralelo a la entrega del documento, el cual señala que: “la entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento de la Corte en la controversia
territorial sobre la Guayana Esequiba, ni la decisión que pueda adoptar sobre este asunto”. Es decir, el Comunicado viene a reiterar que el Poder Ejecutivo en nombre de Venezuela mantiene el no reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ, de lo cual puede inferirse que optará nuevamente por la “no comparecencia” (non- appearance) en la fase de méritos o fondo –tal como hizo en fase de jurisdicción–, en línea con otras manifestaciones oficiales y el Art. 6 de la recién promulgada “Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba”. Empero, por otra parte, el Poder Ejecutivo en nombre de Venezuela ha entregado un documento que ha llamado “Contra-Memoria” (Counter-Memorial) dentro del plazo fijado por la CIJ para hacerlo, lo cual constituye una representación oficial de todo lo contrario. Al respecto, alertamos desde ya, que la CIJ no sólo mantendrá su criterio de que la cuestión sobre su jurisdicción es “cosa juzgada” (res judicata) conforme a su sentencia de diciembre de 2020, lo que fue reconocido además por los propios abogados enviados por el Poder Ejecutivo en nombre de
Venezuela a la CIJ durante las audiencias orales –en la fase de admisibilidad- celebradas en noviembre de 2022; sino que ahora la entrega de un documento llamado “Contra-Memoria” en el plazo fijado, será valorado por la CIJ como un nuevo acto del Poder Ejecutivo que le permite deducir un consentimiento tácito de Venezuela a su jurisdicción previamente establecida, bajo el principio del forum prorogatum. Al respecto, puede verse lo ocurrido con Albania en el caso Canal de Corfú en 1948.

4) Manifestamos además nuestra profunda preocupación con otros aspectos del citado Comunicado, desde el intento de deslegitimación de la CIJ hasta la afirmación a priori de que no se acatará la decisión que emita, lo cual seguramente tendrá un impacto negativo en los jueces en La Haya y seguirá
indisponiéndolos contra nuestra causa justa.

5) Recomendamos, en consecuencia, retirar discretamente este Comunicado de la Cancillería de Venezuela de los canales oficiales, mantener al Sr. Philipe Couvreur como Juez ad hoc y preparar la defensa que se realizará en las audiencias orales en la CIJ, las cuales tendrán lugar a más tardar en el primer trimestre de 2025 -tomando en consideración los lapsos procesales observados. Optar nuevamente por la “no comparecencia” (non-appearance) en la fase de méritos o fondo, sólo aumenta las probabilidades de una hipotética sentencia adversa a Venezuela, lo cual afectaría gravemente nuestros intereses nacionales porque cerraría la vía judicial para recuperar la Guayana Esequiba, dado que las sentencias de la CIJ son inapelables. Además, aunque la CIJ no sea el medio que ha preferido históricamente nuestro país para resolver la controversia, el Poder Ejecutivo no ha logrado ni detener el proceso judicial ni conseguir una alternativa viable. Respecto a esto último, ha quedado demostrado, tal como dijimos en su momento, que la Declaración de Argyle aprobada el 14 de diciembre de 2023, sólo es un mecanismo regional sui generis de diplomacia preventiva para rebajar las tensiones diplomáticas entre Guyana y Venezuela, pero no ha propiciado la vuelta de las negociaciones bilaterales o los buenos oficios para resolver la controversia.

6) Reiteramos que la participación en el proceso judicial seguido en la CIJ debe hacerse en el marco de una estrategia integral, la cual debe estar orientada a hacer avanzar efectivamente nuestros intereses en torno a la reclamación de la Guayana Esequiba. La retórica vacua, la impostura y el espectáculo de ocasión para disimular los errores cometidos en los últimos años, no pueden seguir siendo el sucedáneo inapropiado a la estrategia inteligente que requiere nuestra justa reclamación.

7) Manifestamos que toda Venezuela debe conocer el contenido del documento presentado, así como las consecuencias de lo que está en juego en el proceso judicial seguido en la CIJ y el camino que pretende seguir el Poder Ejecutivo. Resulta reprochable que siendo un asunto de Estado, los venezolanos tengamos que esperar a tener noticias de este documento a posteriori, cuando sea publicado por la CIJ, tal como ha ocurrido anteriormente.

8) Hacemos un nuevo llamado al Poder Ejecutivo a no seguir instrumentalizando la reclamación para objetivos subalternos y fomentar la unidad nacional para poder mantener la controversia en términos políticos más allá de lo que ocurra en la CIJ.

“Al reclamar la Guayana Esequiba exigimos la devolución de lo que es nuestro”. – Presidente Raúl Leoni, 11 de marzo de 1965.

Caracas, 8 de abril de 2024