Juan Saldarriaga, El Comercio

LIMA
EnergiesNet.com 13 07 2022

El destino de los lotes siete petroleros de Talara con contratos próximos a vencer (entre 2023 y 2028) divide las opiniones en el sector hidrocarburos.

Y es que se trata de operaciones que en conjunto representan el 50% de la producción petrolera del país. Nos referimos a los lotes VI-VII (Sapet), V (UNNA), Z-2B (Savia), X (CNPC), II y XV (Petromont).

Sobre qué hacer con ellos hay varias opiniones. Perú-Petro, por ejemplo, propone licitarlos de forma anticipada, fusionándolos en dos grandes lotes: 204, conformado por los lotes I y VII-VI; y 205, conformado por los lotes II, V, X, XV.

En lo que respecta al lote Z-2B, localizado mar adentro, la agencia estatal estaría definiendo una nueva área, denominada Z-69, la cual tendría como base la operación de Savia más una superficie adicional tres o cuatro veces más grande.

Frente a esto, el Congreso ha propuesto dos proyectos de ley: uno que transfiere los siete lotes a Petro-Perú al término de sus contratos (P.L. 1905); y otro que amplía por diez años adicionales los contratos vigentes de los operadores privados, hasta completar 40 años, como ocurre con los lotes de gas natural (P.L. 804-2021).

De acuerdo a Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult, esta sería la mejor alternativa, pues permitiría gatillar inversiones instantáneas y daría tiempo a Petro-Perú para que “resuelva sus problemas financieros y refunde su gerencia de exploración y producción”.

En otras palabras, brindaría a la estatal el respiro que necesita para fortalecerse, pues en las condiciones actuales “no está en capacidad de operar más de un lote”.

Por lo demás, Gonzales apunta que la homologación no alejará a Petro-Perú de la riqueza petrolífera de Talara, pues aún puede asociarse con los operadores privados.

Es más, sostiene que estos estarían muy interesados en formar joint ventures con la estatal a fin de aprovechar sus activos estratégicos, como es el caso de la nueva refinería de Talara y el Oleoducto Norperuano.

Advierte que, de esta manera, la inversión en el noroeste se incrementará, pues “la homologación no es gratis”, sino que está sujeta a un programa de inversión y ejecución inmediata.

“Hoy los operadores con contratos que ven a terminar ya no invierten, solo están drenando el campo y tienen que perforar pozos porque son obligatorios. Si el Estado les concede diez años más, la inversión va a ser inmediata”, asevera Gonzales.

PRODUCCIÓN DECLINANTE

Por el contrario, la congresista Elizabeth Medida (Perú Libre), impulsora del P.L. 1905/2021, sostiene que la extensión de los contratos no garantiza que la producción petrolera de Talara aumentará.

En efecto, la legisladora señala que desde que los lotes talareños fueron privatizados y arrebatados a Petro-Perú, en 1992, la producción de crudo cayó de 44 mil barriles diarios a menos de 27 mil.

“En este lapso se efectuaron 2.142 pozos de explotación y muy pocos de explotación (sólo 7 en últimos 10 años). Lo que devela que la política de las petroleras privadas ha sido extraer al máximo el petróleo encontrado décadas atrás”, anota.

Uno y otro, sin embargo, están en contra de la licitación anticipada propuesta por Perú-Petro.

A entender de Gonzáles, esta alternativa acarrearía efectos no deseados, como la creación de un oligopolio, dado la eventualidad de que una sola empresa se adjudique las subastas.

De acuerdo al especialista, esto podría generar crear una posición dominante, lo cual significa, de acuerdo al Artículo 39 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que el operador puede disponer de su producción como más le plazca.

“Esto quiere decir que el productor puede decidir llevarse el crudo a otro país o venderlo a La Pampilla, dejando a la refinería de Talara sin parte de su carga”, señala.

elcomercio.pe 12 07 2022