Por Israel Meléndez Ayala

SAN JUAN, PUERTO RICO — El huracán Fiona impactó el domingo 18 de septiembre por la mañana. Ya a la 1 p. m., la isla entera estaba sumida en la oscuridad. Días después, cerca de un millón de hogares en Puerto Rico seguían sin tener electricidad ni acceso a agua potable, entre ellas mi casa. Mientras escribo esto sentado en un café, no puedo evitar sentir una sensación agobiante de déjà vu.

LUMA Energy comenzó a suministrar energía a Puerto Rico luego de que el gobierno privatizara en junio de 2021 lo que hasta ese momento había sido un servicio público. La compañía fue contratada para reparar nuestra débil red eléctrica. Sin embargo, LUMA no ha cumplido el trabajo por el que fue contratada, que incluye el compromiso de invertir en energía verde. En el último año, los apagones, que a veces pueden llegar a durar días, se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Incluso los hospitales han tenido que depender de generadores. Sin embargo, a pesar del pésimo servicio, las facturas de electricidad se han duplicado.

Puerto Rico ya se estaba desmoronando económica y políticamente mucho antes de la llegada de LUMA y el huracán Fiona. Las medidas de austeridad han reducido profundamente el presupuesto del servicio público, la atención médica, las pensiones y la educación, para pagarle a los acreedores. Los funcionarios recién elegidos recompensan a quienes son leales al partido en el poder con empleos gubernamentales, lo que crea una serie de mantenidos que utilizan los cargos públicos para su beneficio personal. Otorgan contratos millonarios a compañías que a veces son propiedad de miembros del partido, familiares o amigos, a cambio de sobornos o, peor aún, crean empresas fantasmas para desviar los fondos a sus propios bolsillos.

Como resultado, vemos carreteras y autopistas rotas, repletas de hoyos. Mientras todos nosotros luchamos para llegar a fin de mes, el Senado hace compras compulsivas en las que gastan cientos de miles de dólares en muebles, laptops y otros bienes que no brindan servicio alguno a los contribuyentes. Mientras las medidas de austeridad forzaban el cierre de negocios y escuelas, los puertorriqueños pagamos más de 15 millones de dólares para cubrir casos y sentencias contra funcionarios que violaron derechos civiles.

Nací y crecí en el Viejo San Juan. A pesar de ser un profesional con una maestría y un trabajo de tiempo completo, el constante aumento en las facturas de luz cada mes me enoja, toma demasiado de mis ingresos. El sueño de comprar una casa en la ciudad en la que crecí, a la que llamo hogar, se siente inalcanzable debido al alto costo de la vida.

Esta no es la vida que imaginé.

En la década de 1950, las nuevas carreteras remplazaron los caminos de tierra para caballos y mulas. Las filas de casas de madera que carecían de servicios básicos en el interior montañoso de la isla, fueron sustituidas por enormes desarrollos urbanísticos de concreto. El analfabetismo disminuyó, las familias enviaron a sus hijos a la universidad y la tasa de pobreza se redujo. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), creada en 1941, participó en el impulso de la industrialización y la prosperidad hacia la década de 1970.

Pero a medida que las industrias y las personas desplazadas por los desastres naturales o en busca de recursos y empleos mejor pagados fueron abandonando la isla de forma masiva, la AEE enfrentó una drástica disminución de ingresos y la obligación de proporcionar energía a quienes se quedaron. El monopolio comenzó a escatimar en mantenimiento y a pedir prestados miles de millones de dólares solo para mantenerse a flote, acumulando una deuda de 9000 millones de dólares. En julio de 2017, la AEE se declaró en quiebra. La arraigada cultura de negligencia y corrupción había dejado a la red eléctrica en ruinas. Luego, en septiembre de ese mismo año, el huracán María dio el golpe final.

A raíz de un apagón en toda la isla, la AEE aprobó un contrato sin licitación de 300 millones de dólares con Whitefish Energy, con sede en Montana, para ayudar a reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico dos meses después del paso del huracán María. Sin importar que la compañía tuviera muy poca experiencia lidiando con casos de desastres y pocos empleados. El acuerdo duró poco tiempo, en medio de interrogantes sobre cómo Whitefish había conseguido ese proyecto y acusaciones de especulación de precios. En 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló presentó un plan para vender la AEE.

En junio del año pasado, LUMA, un consorcio de la empresa canadiense ATCO y Quanta Services, ubicada en Houston, fue contratada para trabajar con la AEE para gestionar la energía de la isla. Se suponía que iba a reducir los costos y realizar mejoras urgentes en la red eléctrica. Pero, a pesar de los apagones crónicos, este mes de junio pagué una factura del servicio eléctrico de 242 dólares, un enorme aumento en comparación con los 87 dólares que pagué en junio del año anterior. El asunto es que la mayor parte de la tarifa de LUMA por operar la red siempre se pagará sin importar si el trabajo se realiza bien o no. Hay escasa rendición de cuentas entre las partes involucradas en el acuerdo.

Sin embargo, hay motivos para tener esperanzas. Debido a que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, responsable de hacer cumplir la ley, permite una impunidad rampante, Washington ha comenzado a prestar atención a la situación. Una investigación en 2019 realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, tras el paso del huracán María, empleados de la AEE aceptaron o exigieron sobornos para restablecer el suministro eléctrico a residencias y negocios antes de atender lugares críticos como el Centro Médico de Río Piedras, en San Juan. La autoridad en materia de energía también administró de mala manera un almacén donde se resguardaban materiales que debieron haber estado disponibles para ayudar a restaurar la energía en la isla. Y durante seis años, se gastaron más de 300 millones de dólares de fondos públicos en consultores relacionados con la AEE.

El mes pasado, la exgobernadora Wanda Vázquez fue arrestada por cargos de corrupción, y al menos nueve alcaldes han sido acusados de corrupción. Entre ellos se encuentra Eduardo Cintrón Suárez, exalcalde del municipio de Guayama, quien en julio fue condenado a 30 meses de prisión por recibir pagos en efectivo a cambio de ejecutar contratos municipales y aprobar pagos de facturas a una empresa de asfalto y pavimentación. Se cree que muchos más están bajo investigación.

Los puertorriqueños no deberían tener que depender del gobierno de Estados Unidos para impartir justicia a nivel local. Nuestro propio sistema judicial debe erradicar la corrupción que amenaza con secar la isla. Eso podría hacerlo investigando y enjuiciando casos de corrupción para demostrar, que la isla puede por sí sola tomar las riendas de la justicia. Debería exigir que el gobierno federal lleve a cabo una reestructuración fiscal que establezca garantías que frenen la corrupción.

El huracán Fiona fue solo un huracán de categoría 1, razón por la cual nos ha tomado a muchos por sorpresa el nivel de destrucción que causó. Sabíamos que las cosas estaban mal, pero no habíamos entendido lo terriblemente mal que estaban. En los años transcurridos desde el huracán María, nuestra maltrecha infraestructura ha empeorado. Mis servicios de agua y energía eléctrica fueron restablecidos hasta el miércoles por la noche. Con otras tormentas batiéndose en el océano Atlántico, queda por ver por cuánto tiempo más tendré estos servicios. Por el momento 20 hospitales siguen funcionando con generadores por la falta de electricidad.

Lo más terrible de todo es que es nuestra propia gente la que nos roba y abusa de nosotros. La traición es tan maliciosa que me enoja tanto si pienso mucho al respecto. Estamos hartos de ser desplazados por extranjeros adinerados que acuden en masa a la isla para disfrutar de nuestras playas y obtener exenciones fiscales a las que no tenemos derecho. Estamos cansados de que los políticos se enriquezcan a nuestra costa. Estamos hartos de los apagones.

Después del paso del huracán, mis vecinos y yo nos contactamos para ver si estábamos bien. Me conmoví cuando mi vecina de arriba me dijo que nuestro espíritu comunitario, la forma en que nos cuidamos unos a otros, es lo que nos ha ayudado a sobrevivir estos últimos años. Nadie vendrá a salvarnos. Hemos demostrado ser capaces de destituir a un gobernador y no nos detendremos hasta haber construido un Puerto Rico mejor y justo.

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Israel Meléndez Ayala (@IsraelAyala144) es antropólogo e historiador. EnergiesNet.com no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

Nota del Editor: Este artículo fue originalmente publicado en The New York Times (NYTimes), el 23 de septiembre del 2022. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. EnergiesNet.com no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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energiesnet.com 28 09 2022