Entre el 16% de regalía, el 55% de participación estadounidense y un error aritmético que ya circula en redes, esto es lo que dicen —y lo que no dicen todavía— las cifras oficiales del acuerdo con Venezuela.

Por Elio Ohep — Petroleumworld-EnergiesNet                            

SAN DIEGO, CA.
EnergiesNet.com 01 09 2026

Desde que Donald Trump anunció el acuerdo petrolero el 28 de agosto, han circulado varias cifras —55%, 16%, 30%, 19 dólares por barril, 100 años, 25 años— que suelen citarse como si fueran intercambiables. No lo son. La Casa Blanca publicó días después un fact sheet con algunos detalles adicionales, y el gobierno interino venezolano ha ofrecido los suyos por separado. Cruzando ambas fuentes es posible, por primera vez, explicar de dónde sale cada número y por qué mezclarlos produce resultados equivocados.

Regalía y participación no son lo mismo

Son dos cosas distintas y hay que separarlas.

La regalía es lo que cualquier empresa petrolera le paga al Estado venezolano por sacar el petróleo — exista o no un acuerdo con Estados Unidos de por medio. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sancionada por la Asamblea Nacional en 2026, establece en su artículo 51 «una regalía de hasta 30%», y faculta al Ejecutivo para fijarla proyecto por proyecto «considerando inversión, naturaleza, rentabilidad y competitividad internacional». Es decir, el 30% es un techo legal, no una tasa fija ni automática.

Para este acuerdo específico, el gobierno ha dado una cifra más concreta, dentro de ese techo: 16% de regalía mínima, más un 34% de impuesto sobre la renta (ISLR), que se calcula sobre la ganancia, ya descontados los costos. Es una mejora frente al pasado: el propio gobierno recordó que la última vez que se abrieron campos nuevos en Venezuela, hace treinta años, la regalía fue de apenas 1%.

Aunque esas dos cifras (16% y 34%) vienen del lado venezolano, Estados Unidos no las ha desmentido — ni siquiera en el documento oficial que publicó la Casa Blanca con otros detalles del acuerdo. Si esos números estuvieran mal, sería normal que Washington los corrigiera, como ha hecho con otros puntos del pacto. Que no lo haya hecho es una señal a favor de que son ciertos.

La participación es otra cosa: es la parte del negocio que le toca a Estados Unidos como socio, no un impuesto que le pague al Estado venezolano. Según la Casa Blanca, Washington tiene 35% de las acciones de la empresa matriz de la operadora —sin poner dinero público— más el derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo. Sumando ambas cosas, Estados Unidos se queda con el 55% del valor que genera el negocio, la cifra que ya habíamos reportado en nuestra nota anterior.

En resumen: la operadora le paga regalías e impuestos al Estado venezolano por producir. Aparte de eso, y al mismo tiempo, Estados Unidos es dueño de una parte del negocio mismo. Son dos pagos distintos, a partes distintas, por razones distintas.

El caso de los 19 dólares por barril

Este es el ejemplo que mejor explica de dónde salen las confusiones. Vamos paso a paso:

1. D. Rodríguez dijo que Venezuela recibe cerca de 19 dólares por cada barril que se produce y se vende, calculado sobre un precio de referencia de 65 dólares el barril.
2. Con esa base, el gobierno anunció que Venezuela ganará 209.000 millones de dólares en 25 años.
3. Si se dividen los 209.000 millones entre los 19 dólares, se obtiene cuántos barriles hacen falta vender para llegar a esa cifra: 11.000 millones de barriles a lo largo de esos 25 años.
4. Repartidos en 25 años, eso equivale a producir en promedio poco más de 1,2 millones de barriles diarios — una cifra realista: apenas por encima de lo que Venezuela produce hoy (entre 1,0 y 1,1 millones de b/d) y por debajo de la meta que el propio gobierno se ha puesto para estos campos (más de 1,5 millones de b/d).

Hasta aquí, la cuenta es coherente. El problema aparece cuando alguien toma el mismo «19 dólares por barril» y, en vez de multiplicarlo por los 11.000 millones de barriles que se van a vender, lo multiplica por los 65.000 millones de barriles de reservas totales — es decir, todo el petróleo que hay bajo tierra, no solo lo que se planea extraer en 25 años. Esa cuenta da 1,235 billones de dólares, una cifra que hemos visto circular como si fuera «el valor del contrato». Es seis veces más grande que los 209.000 millones reales.

El error no está en ninguno de los dos números por separado —ni el «19 dólares» ni los «65.000 millones de barriles» están mal—. El error está en multiplicarlos entre sí, como si midieran lo mismo. Uno mide cuánto petróleo hay guardado bajo tierra; el otro mide cuánto se calcula vender en un tiempo determinado. Son dos preguntas distintas.

100 años, 25 años: dos plazos distintos

Otra confusión común: la Casa Blanca dice que la concesión dura 100 años. D. Rodríguez ha hablado de 25 años. No es que se contradigan entre sí — son dos cosas distintas. El de 100 años es cuánto tiempo dura el derecho a operar los campos. El de 25 años es el período sobre el cual se calculó la ganancia de 209.000 millones de dólares para Venezuela. El problema es que ambos números circulan sueltos, sin esa aclaración, y terminan sonando como si el acuerdo tuviera dos fechas de vencimiento que no cuadran entre sí.

No es una apuesta de exploración

Vale una precisión sobre qué tipo de negocio es este. De los 17 campos, ocho son bloques «verdes» (greenfield) en la Faja del Orinoco —sin infraestructura previa, que requieren desarrollo desde cero—, pero el resto son campos ya maduros en el Lago de Maracaibo, que necesitan reactivación y optimización, no exploración desde el principio. Eso cambia el tipo de riesgo: no es, en su mayor parte, una apuesta de exploración de gran capital como las que suelen mover a las petroleras más grandes. Y sin embargo, ni siquiera con ese riesgo operativo reducido, ExxonMobil y ConocoPhillips han comprometido capital nuevo todavía. Eso apunta a que el riesgo que más pesa no es el operativo, sino el legal.

El nudo legal de fondo

Hay una pregunta que ninguna de estas cifras resuelve, y que explica por qué el capital grande sigue afuera aunque el negocio en sí sea menos riesgoso de lo que parece: ¿esto se sostiene en el tiempo? El artículo 150 de la Constitución exige que un contrato de interés público con un Estado extranjero sea aprobado por la Asamblea Nacional. El problema es cuál Asamblea. La que gobierna junto a D. Rodríguez —instalada en enero de 2026, de mayoría PSUV, presidida por Jorge Rodríguez, su hermano— no es la que Washington reconoce como la instancia legislativa legítima de Venezuela. Esa sigue siendo, según ha ratificado el Departamento de Estado tan recientemente como junio de este año, la Asamblea Nacional electa en 2015.

Eso explica por qué la presión de Washington no se ha limitado a pedir que se firme el acuerdo, sino a exigir una reestructuración más amplia de los poderes públicos venezolanos —legislativo, judicial, electoral—, no la simple instalación de una asamblea cualquiera. Mientras esa renovación no ocurra, la aprobación formal del contrato por la Asamblea con la que hoy gobierna D. Rodríguez no resolvería la pregunta de fondo que ya plantearon Hausmann y Coronel sobre su autoridad para firmar el pacto: sería el mismo poder aprobando su propio contrato, no un contrapeso independiente. Y esa es, en el fondo, la razón por la que ni ExxonMobil ni ConocoPhillips arriesgan capital todavía: el negocio puede ser de bajo riesgo operativo, pero mientras no haya ese contrapeso, sigue siendo de alto riesgo legal. Sin esa renovación, como ya señalamos en nuestra nota anterior, todo lo demás —las cifras, los porcentajes, las proyecciones— sigue siendo letra muerta.

Lo que sigue faltando

Todas estas cifras —16%, 55%, 19 dólares, 100 años, 25 años— vienen de lo que han dicho en público funcionarios de los dos gobiernos. Nadie ha mostrado todavía el texto del contrato. Eso no las hace falsas: en el caso de la regalía, como vimos, el silencio de Washington juega a favor de que son correctas. Pero sí explica por qué es tan fácil que se mezclen números reales de formas que no lo son. Hasta que haya un documento público, la única forma de acercarse a la verdad sigue siendo cruzar lo que dice cada lado y revisar, número por número, de dónde sale cada uno.

Nota relacionada: Letra muerta: el acuerdo petrolero de Trump y Venezuela

Fuentes: Fact Sheet — The White House, NPR, La Patilla, Bitácora Económica, RNV, Asamblea Nacional — Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Redimin, Infobae — reconocimiento de EE.UU. a la AN de 2015, El Nacional — el dilema de Washington, MINCYT — instalación AN 2026-2031, El Nacional — pozos y campos involucrados.  Claude (Anthropic AI) — asistencia en investigación.

Por Elio Ohep, editor@petroleumworld.com
EnergiesNet.com 01 09 2026