Varios se mostraron contrariados por sus planes, ya que el presidente de EE. UU. promulgó medidas migratorias que afectan a sus países y prometió imponer aranceles a México y Canadá.
Por Annie Correal y Emiliano Rodríguez Mega, NYTimes
En las semanas previas a su toma de posesión, Donald Trump prometió en distintas ocasiones emprender las mayores deportaciones de la historia de Estados Unidos y militarizar la frontera, todo ello mientras su equipo de transición rechazaba las peticiones de los líderes regionales para reunirse para discutir los efectos de sus medidas prometidas.
Convirtió a países como México en blanco de sus ataques, al afirmar que los migrantes inundaban Estados Unidos con fentanilo y al amenazar con aplicar aranceles abrumadores. También se enfocó en Panamá, al afirmar repetidamente que el país había permitido que China tomara el control, lo que obligaba a Estados Unidos a intervenir y reclamar el canal de Panamá.
Así pues, el lunes, durante la toma de posesión de Trump en Washington, los típicos mensajes de felicitación también estuvieron acompañados por algunos de los líderes latinoamericanos que se desviaron bruscamente de las normas diplomáticas habituales.
“México no tiene por qué agachar la cabeza, sentirnos menos, si somos un país grandioso, una potencia cultural”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina diaria. “Nuestra relación con Estados Unidos será de iguales”.
También intentó tranquilizar a los mexicanos no autorizados que viven en Estados Unidos y que podrían ser expulsados. “Las y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos, y eso lo sabe la administración Trump”, dijo Sheinbaum. “A nuestros paisanos y paisanas decirles que: primero, que no están solos. Y, segundo, que también hay que guardar la calma”.
México es el país con mayor número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, con unos cuatro millones de mexicanos viviendo allí sin autorización a partir de 2022, según el Pew Research Center.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, también dijo el lunes que México no apoyaría la medida prevista de reinstaurar una política conocida como Quédate en México, que durante la primera presidencia de Trump obligaba a los migrantes que solicitaban asilo a esperar en México hasta el momento de sus audiencias en el tribunal de inmigración. Esta política fue una bendición para los miembros de los cárteles de la droga, quienes se dirigían a los solicitantes de asilo para extorsionarlos, secuestrarlos y violarlos,según afirman los grupos de derechos humanos.
“Sí, lo pueden hacer; están en su derecho”, dijo de la Fuente refiriéndose a Estados Unidos. Sin embargo, aunque admitió que podrían alcanzarse “algunos acuerdos”, señaló que México no tenía ninguna obligación legal de tramitar las solicitudes de asilo de los migrantes a Estados Unidos.
Horas después, en un mensaje en las redes sociales, Sheinbaum felicitó a Trump. “Como vecinos y socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación”, escribió.
Pero durante una sesión maratónica de firma de órdenes ejecutivas, Trump dijo el lunes que impondría aranceles del 25 por ciento a México y Canadá el 1 de febrero, acusando a ambos países, como ha hecho en el pasado, de permitir la entrada de inmigrantes indocumentados y fentanilo en Estados Unidos. Sheinbaum y algunos funcionarios de su gobierno habían dicho anteriormente que México tendría que devolver el golpe a Estados Unidos con sus propios aranceles.
Tras la toma de posesión de Trump, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien advirtió a principios de mes que estaba dispuesta a expulsar al ejército estadounidense del país si Trump llevaba a cabo deportaciones masivas, se limitó a enviar un cortés mensaje dándole la bienvenida de vuelta al cargo.
Pero el vicecanciller del país, Tony García, dijo en una entrevista telefónica el lunes por la tarde que su país y varios de sus vecinos no tenían planes de aceptar un gran número de vuelos con deportados sin negociar antes el proceso con el gobierno entrante.
“No se pueden hacer unilateralmente”, dijo, refiriéndose a las deportaciones masivas.
García dijo que, aunque actualmente no hay planes para poner fin al acuerdo militar de Honduras con Estados Unidos, que permite las operaciones estadounidenses desde una gran base militar, el gobierno de Castro sigue considerándolo como una opción potencial, para que “nos tomen más en serio”.
Los ministros de Relaciones Exteriores de varios países se reunieron la semana pasada en Ciudad de México para debatir su respuesta al gobierno de Trump entrante, entre ellos Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela. Según García, los países acordaron que “no le van a permitir la deportación de nadie por la fuerza. Si un país dice que no entre nadie, el avión no aterriza”.
Se calcula que en Estados Unidos viven unos 525.000 inmigrantes no autorizados procedentes de Honduras, según el Pew Research Center. García dijo que había recibido vuelos con más de medio millón de deportados de Estados Unidos en la última década. Dijo que el país planeaba seguir recibiendo esos vuelos, pero que los dos gobiernos tenían que elaborar primero un plan.
“Nosotros estamos de acuerdo en una coordinación”, dijo. “No en una subordinación”.
Las suyas fueron unas de las palabras más afiladas para el nuevo presidente.
En Panamá, blanco de las recientes críticas de Trump, incluidas sus falsas afirmaciones de que China controla el Canal de Panamá y que Estados Unidos debería recuperarlo, el presidente José Raúl Mulino rechazó rotundamente las afirmaciones del presidente, que repitió durante su discurso de investidura.
“El canal es y seguirá siendo de Panamá y su administración seguirá estando bajo control panameño”, dijo Mulino en una declaración publicada en X.
Sin embargo, más tarde ese mismo día, la Contraloría panameña anunció que unos auditores habían visitado las autoridades marítimas del país para iniciar una fiscalización de Panama Ports Company, filial de Hutchison Ports Holding. La empresa es un importante operador portuario y el principal concesionario portuario del país. También forma parte de CK Hutchison Holdings, conglomerado con sede en Hong Kong.
La Contraloría dijo en un comunicado que la “exhaustiva auditoría” tenía “como objetivo garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos”.
El discurso de investidura de Trump —en el que dijo que “repelería la desastrosa invasión de nuestro país”— apuntó con frecuencia a la región, al igual que muchas de las órdenes ejecutivas que firmó el lunes por la noche.
Pero algunos dirigentes reafirmaron su intención de trabajar con el nuevo presidente y apoyar sus objetivos políticos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene estrechos vínculos con Trump y su familia, fue invitado a la toma de posesión, pero no asistió, dijo Cindy Portal, alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, en una entrevista radiofónica. En su lugar, el país estuvo representado por su embajador en Estados Unidos.
Portal no mencionó ningún plan para impulsar de nuevo las deportaciones de salvadoreños, que también constituyen uno de los mayores grupos de inmigrantes no autorizados del país. El Salvador tenía 750.000 inmigrantes no autorizados viviendo en Estados Unidos en 2022, según el Pew Research Center.
En su lugar, Portal hizo hincapié en los vínculos del gobierno de Bukele tanto con el hijo de Trump como con Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, quien fue confirmado el lunes por la noche.
“El mensaje que damos a los salvadoreños como gobierno de El Salvador es esperar, no adelantarnos”, dijo. “El presidente Trump ha sido claro en poder devolver a aquellas malas personas que han llegado a destruir”.
Dijo que si los salvadoreños no han cometido ningún delito en Estados Unidos, no tienen nada que temer.
Los países de la región que se han visto aislados económicamente por las sanciones estadounidenses respondieron de diversas maneras al regreso de Trump al poder y a su aluvión de órdenes. El gobierno de Nicaragua guardó silencio, mientras que el ministro de Interior de Venezuela deseó a Trump “lo mejor”.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció “la fraudulenta designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo”, en un mensaje en las redes sociales. “El resultado de las medidas extremas de cerco económico impuestas por Trump ha sido provocar carencias en nuestro pueblo y un incremento significativo del flujo migratorio de Cuba hacia Estados Unidos”, decía el comunicado.
Pero, en un giro, países que han sido estrechos socios comerciales de Estados Unidos también vieron amenazadas sus economías. A última hora del lunes, los dirigentes mexicanos aún no habían respondido a la amenaza arancelaria de Trump. Pero el ministro de Finanzas de Canadá, Dominic LeBlanc, sí lo hizo.
“Nuestro país está absolutamente preparado para responder a cualquiera de estos escenarios”, dijo LeBlanc. “Seguimos creyendo que sería un error”.
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Simon Romero, James Wagner y Yubelka Mendoza colaboraron con reportería desde Ciudad de México; Matina Stevis-Gridneff desde Toronto; Genevieve Glatsky desde Bogotá; Mary Triny Zea desde Ciudad de Panamá; Gabriel Labrador desde San Salvador; Jody García desde Ciudad de Guatemala, y Joan Suazo desde Tegucigalpa.
Annie Correal reporta desde Estados Unidos y América Latina para el NYTimes. Más de Annie Correal
Emiliano Rodríguez Mega es un investigador y reportero del NYTimes en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega
nytimes.com 21 01 2025
