Por Víctor Flores García

Una decisión presidencial en México para que la Guardia Nacional pase a control total de las Fuerzas Armadas desató una tormenta política en la que los militares navegan empoderados con nuevas atribuciones y un jugoso presupuesto, estiman analistas de organismos civiles que plantean desde hace años una «seguridad sin guerra».

La situación de México es «alarmante y riesgosa» a casi tres décadas de que distintos gobiernos civiles -con distintas reivindicaciones ideológicas- han involucrado a las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a la disciplina militar, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik la directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez.

La especialista internacional en políticas globales de seguridad señaló que «se ha involucrado a los militares en las funciones de seguridad pública en un proceso que ha ido deformando el marco legal mexicano, a través de leyes generales y ahora mediante un proyecto de reformas planteadas a la Constitución».

Ese enfoque es considerado por muchos analistas como parte de una creciente «militarización» con implicaciones negativas, que el Gobierno rechaza.

«El ejemplo mexicano deja claro que un despliegue territorial permanente de las Fuerzas Armadas no mejora la seguridad, no reduce los delitos, no ceden la victimización ni la violencia», dice la especialista que integró la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA.

Posgraduada por la Universidad de la Sorbona de París y la Escuela de Economía de Londres, Sánchez estima que «numerosos estudios demuestran que el despliegue militar, con patrullajes intimidatorios, tienen a incrementar la violencia homicida donde están presentes».

Deformación de la legalidad

Por otra parte, no solo es una política fallida, por sus malos resultados, sino que se basa en la deformación legal para acomodar la participación de los militares en labores que no les competen ni autoriza la Carta Magna mexicana, que «debilita el Estado de derecho».

La especialista que ha participado en audiencias sobre el combate al narcotráfico de Naciones Unidas, como representante de organizaciones civiles, apunta que «el arrebato de funciones, de responsabilidades y de presupuestos a las carteras de los Gobiernos civiles, a favor de militares, llegan al punto de violar la Constitución de forma sistemática».

El fondo del asunto, indica, es que «se invierten las relaciones cívico-militares y los principios básicos de los equilibrios de poderes democráticos se trastocan».

En efecto, está en juego la subordinación de los militares al mando civil -considera-, «al grado que incluso en situaciones de emergencia cuando se requiere su auxilio no cumple el criterio básico de uso en un marco de derecho y democracia».

La participación de militares en seguridad pública debería ser «extraordinaria y solo subsidiaria de las operaciones del Gobierno civil».

Es decir, que los altos mandos castrenses están subordinados a policías y fiscalías en las tareas operativas y tácticas, pero también en lo estratégico.

NUevas facultades de estado

Algunos observadores de colectivos civiles estiman que si esos excesos se mantienen, el poderío verde olivo se extenderá, fuera del área de seguridad pública.

En los últimos años, se le han transferido cada vez más facultades, funciones y presupuesto a las Fuerzas Armadas en ámbitos del Gobierno civil, más allá de la seguridad pública.

En la actual administración, que comenzó en diciembre de 2018, la transferencia de funciones ha sido sumamente acelerada.

Por ejemplo, describe Sánchez, distribuyen bienes públicos como vacunas durante la pandemia, compran camiones cisternas para trasladar gasolina, proporcionan libros de texto a las escuelas.

Los militares reparten además programas insignias del Gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro, o Sembrando Vida, suministrando los viveros para cultivar árboles maderables y frutales.

Además, son la fuerza constructora estatal por excelencia de los mega proyectos: construyen tramos del Tren Maya en la península de Yucatán (sureste), desarrollan y administran el nuevo aeropuerto internacional «Felipe Ángeles», controlan puertos y el comercio marítimo, se encargan de aduanas, de estrategias de salud, muy lejos de la seguridad, enumera.

«Esas transferencias de funciones vienen con más fondos públicos, más autonomía presupuestaria, y cuando crean empresas militares se les permite que las ganancias sean reinvertidas en la corporación militar, destinadas a ciertos rubros del ámbito castrense», explica la investigadora.

Militares con más dinero público

Sánchez adelantó a esta agencia los datos de un estudio de MUCD en marcha: «entre 2006 y 2021 los recursos a las fuerzas armadas crecieron 163 por ciento».

La Secretaría de la Defensa Nacional pasó de ser la novena cartera con más fondos públicos en la administración a ser la quinta dependencia con más presupuesto.

Pero si la Guardia Nacional recibe los fondos prometidos por la Presidencia y formalmente pasa a manos de la Defensa -si avanzan cambios a la ley y la Constitución-, «sería la segunda cartera del presupuesto, solo después de la educación pública, es alarmante», acota.

Otro ejemplo: la cartera de la Marina Armada «incrementó de 2020 al 2021 sus ingresos en 393 por ciento».

El gasto anual de las Fuerzas Armadas también es superior a lo que autoriza como presupuesto cada año el Congreso, llamado «sobreejercicio fiscal».

Además, «muchos fondos públicos son cambiados de destino por los militares, de manera discrecional, y no rinden cuentas, no hay ninguna voluntad de transparencia y rendición de cuentas».

Toda la información militar está siendo clasificada como confidencial, hasta por tres sexenios más, «amparados en el esquema de seguridad nacional» puntualiza.

En el 2020, la Defensa gastó 24.000 millones de pesos más que el presupuesto asignado por el congreso (1.200 millones de dólares); y en 2021, incrementó en casi 25.400 millones de pesos los fondos públicos aprobados (1.270 millones de dólares).

En esos dos años el gasto militar subió un 26 y 23 por ciento más de lo aprobado por el Congreso. Son las nuevas multimillonarias de las arcas militares. (Sputnik)

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Víctor Flores García (@vicfloresgarcia). Periodista, corresponsal en América Latina para medios internacionales. Consultor y analista en comunicación política y energía. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.com.

Nota del Editor: Este artículo fue originalmente publicado por El Pais cr, el 19 de agosto, 2022. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. EnergiesNet.com no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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EnergiesNet.com 22 08 2022