¿Quiénes son los legítimos dueños de la renta petrolera? ¿El Estado o la ciudadanía? ¿Vale la pena explorar que la renta vaya primero al ciudadano y después al Estado vía impuesto?
Por Henkel García U.
La historia de Venezuela está intrínsecamente ligada al petróleo. Su descubrimiento a principios del siglo XX transformó la dinámica del país, pero después de más de 100 años, la pregunta persiste: ¿Ha sido el petróleo una bendición o una maldición?
Después de la aparición del petróleo en nuestro suelo, Venezuela pasó de una economía agrícola a un petroestado, donde el gobierno se convirtió en el principal receptor y administrador de la renta petrolera. Este cambio trajo consigo un fenómeno sin precedentes: la disociación entre nuestra calidad de vida y nuestro nivel de productividad. La abundancia de recursos generó una sensación de riqueza ilusoria y una dependencia del Estado, mientras que la productividad del sector agrícola y el desarrollo del tejido empresarial se vieron opacados.
El impacto del petróleo se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. En lo económico, la producción petrolera se convirtió en el motor del crecimiento, concentrando la actividad económica alrededor de los campos petroleros y desplazando al sector agrícola.
Las primeras cinco décadas fueron de gran crecimiento, de desarrollo de una sólida infraestructura, de extensión de sistemas de desarrollo de capacidades (salud, educación, etc) que ayudaron a llevar adelante un círculo virtuoso de crecimiento que de pronto se hizo insostenible. La excesiva dependencia de la renta petrolera, la falta de diversificación económica y la desinversión en el sector petrolero condujeron a un estancamiento económico que caracterizó a nuestro país en las siguientes cinco décadas.
En lo político, la discrecionalidad en el manejo de la renta petrolera por parte del Estado se convirtió en un problema recurrente. Los gobiernos de turno utilizaron la renta para fortalecer su poder, favorecer a grupos cercanos y perpetuar una cultura rentista en la sociedad. La concentración del poder y el debilitamiento institucional crearon un terreno fértil para la corrupción y la inestabilidad.
Por otro lado, en lo social, la mentalidad rentista se arraigó en la sociedad venezolana. La falsa ilusión de riqueza y la dependencia del Estado socavaron la importancia del trabajo, la productividad y la iniciativa individual. Sin embargo, la crisis actual, la “desmagificación del Estado” (término utilizado por el profesor Javier Seoane en la compilación “Venezuela y su tradición rentista”) ha obligado a los venezolanos a replantearse su relación con el Estado y a buscar soluciones desde adentro.
Ante este panorama, se hace necesario un cambio de paradigma. Experiencias internacionales como el Fondo Noruego, el Fondo Permanente de Alaska y el Fondo de Recursos Naturales de Guyana ofrecen ejemplos de cómo manejar la riqueza petrolera de manera responsable. Estos fondos se basan en principios como la estabilidad macroeconómica, la reducción de la discrecionalidad, la inversión a largo plazo y la protección de la riqueza para las generaciones futuras.
Para Venezuela, es fundamental limitar la discrecionalidad del Estado en el uso de la renta petrolera y promover un nuevo contrato social que reacomode la relación entre el Estado y la ciudadanía. Para llegar a ese contrato hace falta una discusión amplia entre los diferentes sectores de la sociedad para encontrar e implementar un nuevo arreglo institucional que funcione como terreno fértil para el cambio profundo en la dinámica nacional.
Reitero por esta vía algunas inquietudes que publiqué en X: ¿Quiénes son los legítimos dueños de la renta petrolera? ¿El Estado o la ciudadanía? ¿Vale la pena explorar que la renta vaya primero al ciudadano y después al Estado vía impuesto? ¿Sería útil crear fondos de inversión e intergeneracionales como los tiene Noruega? ¿Cómo conciliar la presencia del petróleo en nuestra vida nacional y que nuestro bienestar vaya más en línea con nuestros aumentos de productividad y no con los incrementos de renta petrolera? ¿Cuáles son los objetivos que queremos como nación y cuáles son los cambios institucionales que necesitamos para lograrlos? ¿Cómo lograr que el Estado dependa de la ciudadanía y no al revés?
Independientemente del modelo que se adopte, es crucial establecer reglas fiscales claras y transparentes para el uso de la renta petrolera. Por otro lado, se debe priorizar la inversión en áreas que fomenten el desarrollo de capacidades del individuo, como la educación, la salud, la innovación y la infraestructura. Todo ello en línea con la idea de crear un ambiente propicio para que cada ciudadano pueda desarrollarse plenamente, que se le permita, a través de su trabajo, ingenio y talento, no solo sostenerse por sí mismo, sino también aportar para el bienestar de toda la sociedad.
Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. La crisis actual representa una oportunidad para romper con el pasado y construir un futuro próspero y sostenible. Es el momento de replantear la relación entre el Estado, la ciudadanía y el petróleo, y de sentar las bases para un nuevo modelo económico y social que beneficie a todos los venezolanos.
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Henkel García es Ingeniero Químico. Analista e Instructor en Finanzas. Director-fundador de @albusdata. Energiesnet.com no comparte necesariamente estas opiniones.
Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente por La Gran aldea, el 18 de diciembre del 2024. EnergiesNet.com reproduce este artículo en interés de nuestros lectores. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet.com, no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada en el comentario como un respaldo de EnergiesNet.com o Petroleumworld.
Un siglo de petróleo: ¿bendición o maldición para Venezuela? – La Gran Aldea
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EnergiesNet.com 27 12 2024