Ezra Fieser y Nicolle Yapur, Bloomberg

CARACAS
EnergiesNet.com 16 02 2023

Los inversionistas que poseen bonos venezolanos estatales están dispuestos a un nuevo acuerdo de
suspensión de plazo de prescripción, en medio de la falta de negociación de la deuda en default que ha supuesto la
ausencia de liderazgo de Venezuela en Estados Unidos, tras la salida de Juan Guaidó.

Los tenedores de bonos se han quedado sin que nadie negocie los US$60.000 millones de la deuda, de acuerdo con
un abogado que asesora al mayor grupo de acreedores, que espera que el acuerdo amplíe el plazo y de tiempo a las
partes para trabajar en una reestructuración

Richard Cooper, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, representa al Comité de Acreedores de Venezuela, un grupo
de inversionistas, en su mayoría institucionales, que poseen más de US$10.000 millones de la deuda.

Los acreedores se quedaron sin un Gobierno con el cual negociar después de que los legisladores de la oposición
destituyeron a Juan Guaidó en diciembre. Washington tampoco reconoce al presidente Nicolás Maduro, con el
que cortó lazos en 2019.

“Un acuerdo de suspensión de plazo de prescripción es difícil debido al fin del Gobierno interino y la falta de claridad
sobre quién o cuál es el Gobierno reconocido”, dijo Cooper durante un atípico evento sobre deuda venezolana
organizado por Americas Society/Council of the Americas en Nueva York.

Cualquier intento de reestructuración enfrentaría un camino difícil: los bonos están profundamente en dificultades,
cotizando por debajo de los 11 centavos por dólar, al tiempo que los operadores estadounidenses tienen actualmente
prohibido comprar la deuda por las sanciones.

La situación de los acreedores se suma a las secuelas de la destitución de Guaidó, quien en 2019 recibió el respaldo
de Washington y otros Gobiernos occidentales y recibió el control de los activos gubernamentales en países
extranjeros. La semana pasada, el Departamento de Estado tomó la custodia de la embajada y las residencias
diplomáticas de Venezuela en Washington y Nueva York, argumentando que los diplomáticos extranjeros
deben ser designados por un presidente.

Para los acreedores, está en juego el futuro uno de los mayores montones de deuda en default del mundo. El
Gobierno y la petrolera estatal PDVSA dejaron de pagar aproximadamente US$60.000 millones en bonos en 2017.
Desde entonces, se han acumulado miles de millones más de intereses.

A medida que se acerca el sexto aniversario del default en octubre, los inversionistas se preparan para demandar en
los tribunales estadounidenses antes de que expire el plazo de prescripción, lo que los privaría de su capacidad para
hacer cumplir el pago de las obligaciones.

Un acuerdo de suspensión de plazo de prescripción retrasaría ese plazo, lo que, según Cooper, “básicamente evitaría
gastos innecesarios” de juicios costosos.

Maduro ha dicho en repetidas ocasiones que su Gobierno está abierto a negociar con los acreedores. La
vicepresidenta Delcy Rodríguez ofreció renunciar al estatuto de limitaciones de casi todos bonos venezolanos en 2020.
La oferta no logró ganar terreno porque Maduro no era reconocido y EE.UU. habia impuesto sanciones económicas
contra Venezuela.

“Resulta muy difícil lograr un acuerdo en el que no hay claridad sobre la representación legal”, dijo David Syed,
abogado de Denton’s Europe LLP, que asesora al Ministerio de Finanzas de Venezuela y a PDVSA. Syed dijo que no
comparecía en la conferencia del miércoles en nombre del Gobierno.

“Creo que la voluntad sigue ahí si tenemos la discusión adecuada”, dijo Syed sobre el acuerdo de suspensión.
El Gobierno de Venezuela no retornó de inmediato los mensajes en busca de comentarios.

Cooper dijo que incluso si finalmente se llega a un acuerdo de pago, cualquier negociación de deuda será un proceso
prolongado.

“No hay un guión para la eventual reestructuración de Venezuela”, dijo. “Esto va a ser realmente complicado, si sucede
y cuando suceda

bloomberg.com 16 02 2023