Por Jorge G. Castañeda y Carlos Ominami

NUEVA YORK – Los últimos años no han sido buenos para la democracia en América Latina. A pesar de albergar apenas al 8,4% de la población mundial, la región representó el 26% de las muertes totales por COVID-19 (hasta diciembre pasado) y, en 2020, experimentó una caída del PIB que fue dos veces más profunda que el promedio global, con decenas de millones de personas que terminaron sumidas en la pobreza. Mientras estaba en marcha la recuperación, Rusia lanzó su guerra contra Ucrania -lo que le asestó otro golpe a la economía y a la estabilidad económica latinoamericana.

A partir de mediados de los años 1980, luego de un período prolongado dominado por dictaduras militares, América Latina experimentó un renacer democrático. Pero su desempeño en el Índice de Democracia, producido anualmente por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU por su sigla en inglés), ha venido cayendo por siete años. Paralelamente, las percepciones populares también se han derrumbado: Latinobarómetro informa que, de 2010 a 2019, el respaldo a la democracia en América Latina cayó del 63% al 49%.

Si bien esta cifra superó el 60% en Chile, Costa Rica y Uruguay, estos son los únicos tres países latinoamericanos que la EIU no cataloga como “regímenes híbridos”, “regímenes autoritarios” o “democracias fallidas”. Pero, inclusive en estos casos, hay tendencias perturbadoras. Por ejemplo, si bien Chile recuperó el estatus de “democracia plena” en el índice de la EIU en 2022, Latinobarómetro revela que solo el 2% de los chilenos está de acuerdo. Un sorprendente 53% considera que su país es una “democracia con problemas importantes”.

Sin embargo, tal vez la muestra más clara de la decadencia democrática de América Latina haya sido la proliferación de un populismo autoritario. A diferencia de los dictadores militares del pasado, los populistas autoritarios -desde Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua hasta Nayib Bukele en El Salvador- usan las estructuras democráticas con fines antidemocráticos.

México ofrece un buen ejemplo de este fenómeno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado reformas destinadas a debilitar la confianza en la autoridad electoral -la base misma de la democracia-. La EIU hoy considera que México es un “régimen híbrido”. Y México no es el único: hoy, la EIU estima que ocho países latinoamericanos están gobernados por regímenes híbridos, comparado con tres en 2008.

Se trata de democracias antiliberales, no dictaduras absolutas, y existe el riesgo de que más países se sumen a ellas. En Chile, el candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast, que se identifica con el exdictador Augusto Pinochet, ganó el 44% de los votos en la elección de 2021, y puede resultar sumamente competitivo en la próxima. En Argentina, los autoritarios en potencia han ganado terreno dentro del principal bloque opositor, y un nuevo participante de fuera de la política, Javier Milei, está ganando respaldo con un discurso nacionalista populista centrado en el libertarismo.

El marcado ascenso del populismo autoritario en América Latina refleja lo que se conoce como “fatiga democrática” -o, más específicamente, “frustración democrática”-. Segmentos importantes de la población de la región -sobre todo, la clase media- están hartos de la incapacidad de los sucesivos gobiernos para encontrarle solución a los problemas sociales y económicos, entre ellos las altas tasas de delito, la inflación galopante, los bajos salarios, una educación y servicios de salud inadecuados, pensiones magras y un transporte precario y saturado.

Los populistas autoritarios prosperan en contextos como este, ya que promueven soluciones simples que, muchas veces, son populares en el corto plazo. La tasa de aprobación de Bukele ha crecido por encima del 80%, gracias al uso que hace de la encarcelación masiva para frenar la violencia de las pandillas. Pero, por lo general, no ofrecen soluciones duraderas -al menos no sin erosionar las estructuras y los principios democráticos.

Al mismo tiempo, una retórica grandilocuente y promesas vagas, por sí solas, no pueden preservar la democracia. Es esencial brindar soluciones concretas a los problemas concretos. En este punto, la construcción de estados de bienestar efectivos en el norte de Europa sigue siendo paradigmático.

De hecho, los países mejor posicionados en el Índice de Democracia de la EIU -Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Finlandia y Dinamarca- tienen redes de seguridad social particularmente fuertes. Nosotros, en Alternativa Latinoamericana -un grupo representativo de intelectuales y líderes políticos latinoamericanos que hemos venido trabajando desde 2020 en la formulación de una propuesta sobre cómo fortalecer la democracia en la región-, estamos convencidos de que América Latina debe seguir el ejemplo, y construir estados de bienestar sólidos.

Pero se trata de un proyecto de mediano a largo plazo, que exige que los líderes superen obstáculos importantes, como ha demostrado la experiencia reciente del presidente colombiano, Gustavo Preto, y del presidente chileno, Gabriel Boric. Para frenar la amenaza inminente del populismo autoritario, también es imprescindible diseñar “formatos democráticos rápidos” -intervenciones ingeniosas que puedan generar resultados tangibles en poco tiempo.

Un ejemplo -que se puede replicar, ajustándolo a las necesidades locales- es Bolsa Familia. Introducido en 2003, durante el mandato anterior del presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, este “programa de transferencias monetarias condicionadas” ofrecía beneficios a los hogares a cambio de acciones que respaldaran su capacidad de escapar de la pobreza, como inmunización y asistencia escolar para los niños. El presidente populista-autoritario Jair Bolsonaro -a quien Lula derrotó en las elecciones del año pasado- renombró el programa y expandió su cobertura y beneficios, pero eliminó estas condicionalidades.

Otro modelo es la “Asignación universal por hijo o hija” de Argentina -una suma mensual abonada por cada hijo menor de 18 años cuando sus padres están desempleados, tienen empleos informales o trabajan en el servicio doméstico-. De la misma manera, el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay fortalece la protección social para las personas dependientes de más de 65 años, personas con discapacidades severas y niños menores de tres años. La Pensión Garantizada Universal de Chile también merece ser emulada en otras partes.

Pero es en el terreno de la seguridad y de la aplicación de la ley donde el progreso se necesita con más urgencia. En los países de América Central y Sudamérica, las clases medias y los sectores económicos dominantes claman por una reducción de los crímenes violentos y de la delincuencia. Diseñar soluciones de corto plazo que defiendan los derechos humanos y constitucionales no será una tarea sencilla. Pero sin progreso en este frente, las amenazas a las democracias de la región seguirán creciendo.

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Jorge G. Castañeda, a former foreign minister of Mexico, is a professor at New York University and the author of America Through Foreign Eyes (Oxford University Press, 2020). Carlos Ominami is a former minister of economy of Chile. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.com.

Nota del Editor: Este artículo fue originalmente publicado inglés en Project Syndicate, el 5 de abril del 2022. Traducción al español por Elio Ohep, EnergyNet.com. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. EnergiesNet.com no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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EnergiesNet.com 13 05 2023