Julie Turkewitz, Isayen Herrera y Genevieve Glatsky, NYTimes

BOGOTÁ/CARACAS
Energiesnet.com 21 02 2024

De todos los críticos del gobierno, pocos pensaban que Rocío San Miguel sería la que iba a desaparecer.

San Miguel, de 57 años, durante mucho tiempo ha sido una de las expertas en seguridad más conocidas de Venezuela, una mujer que se atrevió a investigar al gobierno autoritario de su país incluso cuando otros huían. También es moderada, cuenta con reconocimiento internacional y parecía tener fuertes contactos en el hermético mundo del ejército venezolano, cualidades que sus colegas pensaban que podrían protegerla.

Pero a finales de la semana pasada, San Miguel llegó al aeropuerto de las afueras de Caracas con su hija, con destino a lo que un familiar calificó como un viaje corto a Miami, cuando fue detenida por agentes de contraespionaje. Poco después, su familia también empezó a desaparecer. La hija, dos hermanos y dos antiguas parejas sentimentales. Desaparecidos.

Durante cuatro días, la única información pública sobre San Miguel procedió del fiscal general de Venezuela, que afirmó en redes sociales, sin aportar pruebas, que San Miguel había sido vinculada a un complot para asesinar al presidente del país, Nicolás Maduro.

Finalmente, el martes por la noche, sus abogados dijeron que había aparecido, y que estaba recluida en un centro de detención conocido por su crueldad. Su familia también estaba bajo custodia estatal.

La detención de San Miguel, directora de una modesta pero influyente organización sin fines de lucro que monitoreaba a las fuerzas armadas, ha desencadenado un pequeño terremoto en los círculos de derechos humanos de Venezuela, donde hace solo unos meses muchos observaban con cautelosa expectativa cómo Maduro firmaba un acuerdo con la oposición del país, donde prometía trabajar para lograr unas elecciones presidenciales libres y justas este año.

El cambio político, aunque todavía era una posibilidad lejana, parecía un anhelo digno de consideración.

Ahora, el pequeño grupo de activistas, trabajadores humanitarios, críticos, analistas, periodistas y otros que han podido resistir dentro del país —a pesar de años de represión y crisis económica— ven cómo se reducen aún más los estrechos espacios de actuación disponibles para ellos.

Como resultado, el camino hacia la democracia parece tan arduo como siempre.

Una nueva ley propuesta por el partido de Maduro pretende regular estrictamente las organizaciones sin fines de lucro, prohibiéndoles participar en acciones “que amenacen la estabilidad nacional”, lo que hace temer que se utilice para criminalizar a estos grupos.

La principal candidata de la oposición del país, María Corina Machado, ha sido inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales, varios miembros de su equipo han sido detenidos y una violenta banda afín al gobierno interrumpió recientemente uno de sus actos, ensangrentando a sus partidarios.

“Si esto le ocurrió a Rocío San Miguel, ¿qué le queda a los demás?”, dijo Laura Dib, que dirige el programa sobre Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

El encarcelamiento de personas que el gobierno de Maduro considera una amenaza no es nuevo. En Venezuela hay 263 presos políticos, según un grupo de vigilancia, Foro Penal, muchos de los cuales llevan años recluidos sin juicio.

Lo que distingue el caso de San Miguel no es solo lo conocida es y lo bien relacionada que estaba, sino que las autoridades detuvieron a toda su familia y luego los mantuvieron a todos sin comunicación durante días, táctica conocida en el derecho internacional como “desaparición forzada”.

En conjunto, estas medidas forman parte de un cambio notable en la represión, dijo Gonzalo Himiob, de Foro Penal, en el que el gobierno busca casos que atraigan la atención de los medios de comunicación y tácticas de detención que puedan aumentar el miedo entre quienes lo desafían.

“El gobierno está cruzando líneas que no había cruzado antes”, dijo.

En el centro de estas acciones parece estar el propio miedo de Maduro. El chavismo, el movimiento que lidera, ha gobernado Venezuela desde que su predecesor, Hugo Chávez, ganó las elecciones presidenciales en 1998.

Chávez, y luego Maduro, dirigieron una revolución de inspiración socialista que al principio sacó a muchos de la pobreza. Pero en los últimos años, la mala gestión gubernamental del sector petrolero, así como la corrupción y las sanciones estadounidenses, han devastado la economía.

Una crisis humanitaria al interior del país ha desbordado sus fronteras, con millones de venezolanos que buscan refugio fuera de él.

Maduro quiere que Estados Unidos retire las sanciones, algo que podría ayudar a mejorar la situación financiera del país, y que Washington ha dicho que hará si Maduro toma medidas para apoyar la democracia.

En octubre, con cautelosos elogios de Estados Unidos y sus aliados, Maduro firmó un acuerdo con la oposición para celebrar elecciones presidenciales.

Días después, la principal candidata de la oposición, Machado, ganó unas primarias con una participación que superó las expectativas y que se consideraron una señal de la debilidad de Maduro.

Las detenciones de San Miguel y su familia, dijo Dib, son un “mensaje a la sociedad civil de que no van a conseguir lo que quieren”. Es decir, unas elecciones de verdad.

Maduro, añadió, “no está dispuesto a perder el poder”.

San Miguel, que tiene doble nacionalidad, venezolana y española, es la directora de Control Ciudadano, que ha publicado una investigación sobre el número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado y ha criticado una ley venezolana que permite el uso de fuerza letal durante las protestas.

La mañana del 9 de febrero, San Miguel había llegado al aeropuerto en las afueras de Caracas con su hija de 26 años, según Minnie Díaz Paruta, tía de la hija.

San Miguel fue abordada por agentes del gobierno y detenida.

Aterrorizada, la hija volvió a Caracas. Un día después, regresó al aeropuerto para recuperar su equipaje, pero desapareció al poco tiempo y dejó de contestar a los mensajes, dijo la tía. Los hermanos y exparejas de San Miguel fueron detenidos por esas fechas, según Díaz y otros informes.

Dos días después, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en la plataforma de redes sociales X que San Miguel estaba detenida por el Estado, acusada de participar en una operación que, según él, buscaba el asesinato de Maduro.

Aseguró que la detención se había producido de acuerdo con “las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos”.

(El gobierno de Maduro afirma con frecuencia haber descubierto complots de asesinato contra el presidente).

A los abogados de San Miguel no se les permitió verla ni se les dijo dónde estaba.

Un grupo de activistas de derechos humanos recorrió algunos de los centros de detención del país con la esperanza de encontrarla, dijo Dib, sin éxito. No está claro cómo dieron con ella finalmente.

La embajada estadounidense para Venezuela, que se encuentra en la vecina Colombia, dijo que las detenciones seguían “una tendencia preocupante de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2020 afirmó que Maduro había cometido “crímenes contra la humanidad” en sus esfuerzos por silenciar a la oposición, emitió una declaración similar.

Saad dijo el 13 de febrero que San Miguel había comparecido en una audiencia celebrada la víspera, acusada de traición, conspiración y terrorismo. Sus abogados dijeron que no estuvieron presentes.

Más tarde ese mismo día, un miembro de su equipo de defensa anunció en internet que la habían localizado: estaba en el Helicoide, un edificio de la década de 1950 construido como centro comercial que desde entonces se ha convertido en un conocido centro de detención.

La misión de las Naciones Unidas que examina las violaciones de derechos humanos en el país ha entrevistado a detenidos del Helicoide y afirma que han denunciado torturas, incluidas palizas y el uso de descargas eléctricas.

La misión también informó, en 2022, que el director de la principal agencia de inteligencia del país, que ostenta un poder significativo en el Helicoide, recibía órdenes directas de Maduro.

El abogado de San Miguel dijo que una de sus exparejas, Alejandro González, estaría recluido en otro centro, y que ambos permanecerían bajo custodia.

Los otros cuatro miembros de la familia, Miranda Díaz San Miguel, Víctor Díaz Paruta, Miguel San Miguel y Alberto San Miguel, serían puestos en libertad con la condición de que no salieran del país ni hablaran con los medios de comunicación.

La noticia de las detenciones se difundió rápidamente. Jairo Chourio, de 46 años, que vive en la ciudad de Maracaibo, dijo que se enteró de la detención de San Miguel en un grupo de Telegram, donde recibió información del partido socialista del país. Celebró las detenciones, que debían ser “bien merecidas”.

Otros dijeron que las detenciones eran señales angustiosas del estado de la democracia del país.

“En mi familia, todos tenemos miedo de opinar”, dijo Andrea Bracho, de 28 años, también de Maracaibo.

Bracho solo había decidido hablar con una periodista, dijo, “porque ya mañana me voy”.

“Por ahora, no tengo esperanzas”, continuó. “Y lo siento mucho”.

Sheyla Urdaneta colaboró con reportería desde Maracaibo, Venezuela.

Julie Turkewitz es la jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos.

nytimes.com 14 02 2024