Por Sandra Weiss/DW

CIUDAD DE MÉXICO
EnergiesNet.com 03 02 2022

El 18 de enero, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, se dirigió a la prensa. En ese momento, el año aún era joven y ya habían muerto dos periodistas. Encina aseguró que el gobierno no estaba minimizando el problema. «Tenemos que cerrar filas entre todos los niveles de gobierno para encarar este flagelo», exigió el subsecretario, cuya oficina está a cargo del mecanismo de protección de periodistas y activistas de derechos humanos amenazados. En las dos semanas siguientes, otros dos periodistas fueron asesinados. Dos de las cuatro víctimas habían sido amenazadas previamente yhabían pedido ayuda al mecanismo de protección.

Doble fracaso

Pero no es solo la prevención lo que falla en México, también falta resolver los casos. Según Encinas, el 90 por ciento de los asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos han quedado impunes desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018. El umbral de inhibición de los agresores es en consecuencia bajo. Sin embargo, esto no es nuevo, sino un problema estructural desde hace muchas décadas, dicen los expertos consultados por DW. Y no solo afecta a activistas y periodistas, sino a todos.

México tiene un grave problema de Estado de derecho, como constata el World Justice Project (WJP) año tras año. En 2021, México ocupó el lugar 113 de 139 países en el Índice de Estado de Derecho del WJP; dentro de América Latina, es el 27 de 32. Solo Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela ocupan peores posiciones en la región.

Reformas diluidas

Numerosos expertos han redactado estudios y se han iniciado reformas una y otra vez; por ejemplo, la introducción de un juicio penal oral en 2008, que pretendía acortar el procedimiento puramente escrito que se remonta a la época colonial española y hacerlo más transparente. El Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en 2018 tras la presión de la sociedad civil en el Congreso, pretendía garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación en el poder judicial. Ambas reformas se retrasaron y se diluyeron en la red de la burocracia, y en el caos jurisdiccional entre el gobierno central y los estados.

O, como la aspiración de contar con una fiscalía general independiente, fueron torpedeadas directamente por el presidente. En 2019, Andrés Manuel López Obrador nombró fiscal general a su viejo aliado Alejandro Gertz Manero contra el voto de las organizaciones de la sociedad civil. En su momento, Adriana Greaves, de la ONG Tojil, que lucha contra la impunidad, lo criticó por estar a años luz de la gobernanza autonómica. «Lejos de usar su autonomía para realmente investigar casos de corrupción institucional y ser un contrapeso en el poder está haciendo las veces de persecución política, es decir, está siendo el perro guardián de la Presidencia de cara a las elecciones».

Las investigaciones inconexas alimentan la impunidad

Las reformas individuales, por muy bien intencionadas que sean, no pueden erradicar los defectos del sistema, advierte Ximena Ugarte, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Ve dos defectos fundamentales en la aplicación de la ley. «Las fiscalías locales, donde se atascan la mayoría de los casos de asesinato, no están capacitadas para realizar investigaciones altamente especializadas sobre el crimen organizado», dijo a DW. «Por eso investigan cada asesinato como un caso individual, no ven conexiones mayores, redes o patrones detrás». En definitiva, esto no conduce a nada, alimenta la impunidad y crea un «clima de miedo entre los periodistas y la población».

Los fiscales y la mafia en el mismo barco

«No hay voluntad política para cambiar esto», critica el experto en derechos humanos Michael Chamberlin en entrevista con DW. «Las fiscalías están cooptadas por redes criminales, al igual que muchos gobiernos locales y estatales». Esto explica la falta de voluntad de modernización, dijo. Considera fatales las investigaciones de casos individuales. Los autores individuales pueden acabar en la cárcel -a menudo tras confesiones forzadas bajo tortura, como denuncian las organizaciones de derechos humanos y la ONU-, pero las verdaderas estructuras mafiosas que están detrás siguen sin ser cuestionadas.

Bajo el actual gobierno, Chamberlin observa una mayor regresión. Una reforma del derecho penal, por ejemplo, ha ampliado la prisión preventiva a nuevos delitos. «Cada día, 300 personas son detenidas y puestas en prisión preventiva», afirma. Las prisiones están superpobladas desde hace años.

Las investigaciones se estrellan con los militares

Otro problema para Chamberlin es la influencia de las Fuerzas Armadas, que no ha dejado de crecer desde que comenzó la guerra contra las drogas en 2006. «Si tomas las mayores masacres de los últimos 30 años en México, desde Acteal hasta Ayotzinapa, las investigaciones siempre terminaron cuando las Fuerzas Armadas fueron el blanco», informa el ex asesor del Mecanismo de Protección a Periodistas y Activistas. «Esto es aún más preocupante porque los militares han asumido ahora muchas funciones civiles más allá de la seguridad». Chamberlin alude a la decisión de López Obrador de encargar a los militares tareas como la construcción de aeropuertos, líneas de tren, sucursales bancarias, la distribución de gas y la  reforestación.

Ambos consideran poco probable que el problema pueda resolverse con reformas internas. «Llevamos años pidiendo sin éxito una comisión internacional contra la impunidad, como la que existió en Guatemala bajo el liderazgo de la ONU, o algún otro mecanismo independiente de justicia transicional», dice Ugarte. Chamberlin espera que la presión combinada de la sociedad civil y de los principales países asociados, como Estados Unidos, pueda cambiar esta situación.

Por Sandra Weiss/DW

dw.com 02 02 2022