Por Bonnie Kristian
En el periodo de más de tres meses de la invasión rusa en Ucrania, el gobierno de Biden ha dicho muchas cosas sobre la guerra. Tuvo que desdecirse de algunas de ellas casi de inmediato, como cuando resultó que la afirmación del presidente Biden de que Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder” no era un llamado al cambio de régimen. En otros puntos, su retórica se ha intensificado con el paso del tiempo: en marzo, el objetivo de Estados Unidos era ayudar a Ucrania a defenderse; para finales de abril, “debilitar” a Rusia.
Eso sí, hay una declaración del gobierno que ha sido muy consistente: Estados Unidos no entrará en guerra con Rusia a causa de Ucrania.
“No buscamos que haya guerra entre la OTAN y Rusia”, escribió el presidente Biden en The New York Times a finales de mayo. “A pesar de mi gran desacuerdo con Putin y de que sus acciones me parecen indignantes, Estados Unidos no intentará provocar su destitución en Moscú. Mientras Estados Unidos o nuestros aliados no sean atacados, no participaremos en este conflicto de manera directa, ni enviando tropas estadounidenses a luchar en Ucrania ni atacando a las fuerzas rusas”.
Gran parte de los elogios y de la crítica de la política de Biden en Ucrania aceptan su versión de los hechos. Pero lo que me pregunto es si los estadounidenses podremos identificar con toda confianza en qué momento comenzamos a participar en una guerra.
La historia cuenta de varios presidentes que, a pesar de haber insistido en que no tenían ninguna intención de participar en una guerra, un buen día lo hicieron. “Nos mantuvo fuera de la guerra”, decía el eslogan de la campaña de reelección del presidente Woodrow Wilson en 1916; no obstante, Wilson nos condujo a la Primera Guerra Mundial tan solo a un mes de haber iniciado su segundo mandato, justo después de describir la intervención estadounidense como inevitable.
Durante la campaña presidencial de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson prometió que no iba a “enviar a jóvenes estadounidenses a 15.000 o 16.000 kilómetros de casa para hacer lo que los jóvenes asiáticos deberían estar haciendo por sí mismos”. Pero en febrero de 1965, a solo un mes de su toma de posesión, Johnson autorizó la campaña de bombardeos conocida como operación Rolling Thunder. Un mes más tarde, había “jóvenes estadounidenses” en Vietnam.
Esa historia ilustra la incierta vida de anaquel de las promesas presidenciales (quizá todavía más en época electoral) de mantenernos fuera de una guerra: aunque sean ciertas en el momento en el que las hacen, nada nos garantiza que se mantengan en el futuro.
Con todo y esta incertidumbre, al menos en el caso de la Primera Guerra Mundial y de Vietnam, el cambio de no participar en la guerra a participar en ella fue patente, y todos los estadounidenses supieron en qué momento ocurrió ese cambio. Como la línea divisoria era muy clara, los presidentes podían hacer promesas honestas de mantenerse al margen de la guerra, y los ciudadanos podían decir exactamente cuándo se habían roto esas promesas.
El problema en décadas recientes, en especial después de los ataques del 11 de septiembre, es que hemos pasado a un modelo de conflictos armados perpetuos, en que las delimitaciones en cuanto a cronología, geografía y propósitos son ambiguas. La línea entre lo que se considera guerra y lo que no es muy tenue, por lo que es mucho más difícil identificar en qué momento pasamos de un estado al otro.
Esto se debe en parte a los avances tecnológicos, como la guerra de drones y los ciberataques, que permiten cometer en otros países actos que en otras circunstancias se considerarían acciones de guerra (asesinar a adversarios, destruir edificios, afectar instalaciones nucleares) sin que un solo soldado estadounidense abandone el territorio estadounidense. También tiene que ver con la función ejecutiva de la guerra: aunque el Congreso no ha hecho una declaración formal de guerra desde 1942, varios presidentes han aprovechado las amplias facultades para el caso de guerra otorgadas a George W. Bush en 2002, que le permitieron autorizar el uso de la fuerza militar.
¿Podría decirse que estamos en guerra en Pakistán o Somalia, por ejemplo, donde hemos emprendido ataques con drones contra Al Qaeda, el Estado Islámico y los militantes talibanes en Pakistán desde 2004 y contra Al Shabab en Somalia desde 2011? ¿Estamos en guerra en Níger, lugar al que se enviaron fuerzas estadounidenses y donde cuatro soldados estadounidenses fueron asesinados en una emboscada en octubre de 2017?
Estados Unidos nunca ha anunciado formalmente su participación en la guerra civil en Yemen, pero una coalición dirigida por los sauditas asesinó a civiles con ojivas nucleares fabricadas en Estados Unidos y seleccionó objetivos con ayuda de los estadounidenses.
Nuestro papel en el conflicto en Yemen, que ya cumplió siete años, ha sido de tal importancia que muchos expertos están convencidos de que, sin nuestra presencia, la coalición encabezada por los sauditas intentaría llegar a un acuerdo de paz. Ha sido de tal importancia que los legisladores estadounidenses, incluida una mayoría bipartidista de senadores en 2019 y los representantes Pramila Jayapal, demócrata por Washington, y Peter DeFazio, demócrata por Oregon, este año, lo catalogaron como una contravención al Artículo I de la Constitución, que le otorga al Congreso poderes para declarar la guerra, y a la Resolución de Poderes de Guerra, de 1973, que delimita con toda claridad, en cuanto a naturaleza y plazos, las acciones militares ordenadas por el presidente.
Esos legisladores llegaron a la conclusión de que cruzamos la línea en Yemen, aunque no quede muy claro dónde está esa línea.
Y lo que hicimos en Yemen se parece mucho a lo que estamos haciendo en Ucrania. El mes pasado, información filtrada por funcionarios estadounidenses reveló que Estados Unidos ayudó a Ucrania a asesinar a generales rusos y atacar un buque de guerra de ese país, y Biden autorizó un paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares para Ucrania, que en gran parte se destinará a ayuda militar como armamento e intercambio de inteligencia. El proyecto de ley, que Jayapal y DeFazio votaron a favor de aprobar, se suma a otros miles de millones de dólares de apoyo militar. El gobierno de Biden también anunció este mes que enviará a Ucrania sistemas de cohetes que, en teoría, podrían alcanzar objetivos dentro del territorio de Rusia, y se ha informado que planea venderle al gobierno ucraniano cuatro drones que pueden armarse con misiles Hellfire.
¿Estamos en guerra en Ucrania? Si estuviéramos en la posición del otro, si las autoridades rusas admitieran haber ayudado a asesinar a algunos generales estadounidenses o hundir un buque de la fuerza naval de Estados Unidos, dudo que nos parecería una situación ambigua. Por lo menos deberíamos decir que lo que Estados Unidos está haciendo en Ucrania no es no estar en guerra. Si hasta ahora hemos evitado decir que es una guerra, y podemos seguir haciéndolo, solo es porque la definición de esa palabra se ha vuelto poco clara.
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Bonnie Kristian (@bonniekristian) es autora del libro de próxima publicación Untrustworthy: The Knowledge Crisis Breaking Our Brains, Polluting Our Politics, and Corrupting Christian Community. Es columnista de Christianity Today e investigadora en el centro de pensamiento sobre política exterior Defense Priorities. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.
Nota del Editor: Este artículo fue originalmente publicado por El New York Times, el 24 de junio, 2022. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. EnergiesNet en Español no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.
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EnergiesNet.com 27 06 2022