Por Samuel León Sáez

Llevamos tres años desde que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador comenzó su cruzada en contra del mercado negro de combustibles mexicano (MNCM). Y a pesar de los triunfalismos anticipados del presidente (que promovió una disminución del 95 % de esta actividad criminal durante buena parte del 2019), este mercado ilícito no ha desaparecido. En realidad, el MNCM se adaptó a la contención de gran escala al que fue sometido desde finales de 2018 y, como el resto de las empresas ilícitas que existen en nuestro país, en la adaptabilidad ha garantizado su continuidad.

El gobierno comenzó su estrategia cerrando varios ductos del país, una medida poco quirúrgica reflejo de las enormes carencias técnicas de Petróleos Mexicanos que superó en costos el máximo de pérdidas que el MNCM causó durante 2018 (una cifra que oscila entre 66 000 y 39 400 millones de pesos, según fuentes oficiales). En cuanto al número de barriles de combustibles robados durante el pico de 2018, diferentes fuentes del gobierno ubican la cifra en 20.4, 21.2 y 27.3 millones de unidades. Estas diferencias son sintomáticas de otra problemática relacionada al MNCM: que el actual gobierno ha mostrado en varias ocasiones no saber, con precisión, la escala del problema.

En octubre de 2019, el director general de la paraestatal admitió en una comparecencia ante la Cámara de Diputados que la empresa no contaba con mecanismos de control efectivos para asegurar que no existan diferencias entre la producción y los balances en refinerías y terminales de distribución, lo que la volvía vulnerable ante el mercado ilícito de combustibles. Otra fuente que corrobora esta falta de capacidad son los reportes que Pemex presenta a la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos. En estos documentos la paraestatal ha admitido no contar —hasta por lo menos 2018— con controles internos efectivos para limitar las pérdidas por sustracción ilegal de derivados.

Esta tendencia al tanteo por parte del gobierno por limitaciones técnicas no solo ha encontrado justificación en las discretas declaraciones de funcionarios y reportes a organismos extranjeros. En febrero de 2019, la revista de investigación periodística Contralínea reveló que 170 de 379 sitios de monitoreo del sistema SCADA (45 %) estaban fuera de funcionamiento por vandalismo o falta de reparaciones (40 fueron saboteados entre 2015 y 2018), mientras que 98 jamás fueron instalados (entre estos casos se encontraban instalaciones estratégicas de primer orden como la Refinería de Salamanca).

A final de cuentas estamos ante un gobierno que, escudado por el frenesí mediático del que es un importante promotor, logró adjudicarse una aplastante victoria sobre el MNCM mientras admite que no cuenta con los controles para medir el problema de manera precisa. Y en esta danza de números contrastantes lo que parece claro es que el mercado ilícito de derivados en México sufrió un proceso de adaptación en 2019. Una estimación conservadora elaborada a partir de una petición de transparencia apunta a que durante ese año más de 5.8 millones de barriles de gasolinas Magna y Premium, turbosina y diésel fueron sustraídos de los ductos de Pemex. En contraste, Octavio Romero presumía en una mañanera en enero de 2020 que en 2019 esa cantidad equivalía a 1 800 000 barriles de derivados sustraídos ilegalmente.

A esto hay que agregar una de las mayores carencias de las cifras oficiales en relación al MNCM: los ductos no son el único origen de refinados robados y sin embargo se han convertido en la única fuente reportada por las autoridades. En 2020 Pemex le reportó a la Comisión de Bolsa y Valores​​ de EE. UU. que sus acciones en contra del mercado ilícito de derivados incluían la priorización de 56 instalaciones entre las que se encontraban 37 Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), seis refinerías y doce estaciones de bombeo. El gobierno no proporciona datos de estas fuentes, algo que ha sido prácticamente ignorado por el debate público con una notable excepción de México Evalúa. Por lo tanto, no sólo estamos ante fuentes de información oficial inexactas sino también presentando cifras incompletas.

Esta falta de precisión nos lleva a una cifra que es muy utilizada por los medios, pero que tiene una limitación importante: el número de tomas clandestinas detectadas en los ductos de Pemex. El problema de las tomas clandestinas es que son una medición indirecta del mercado ilícito de derivados, mientras que las pérdidas volumétricas en litros o barriles ofrecen un diagnóstico más exacto de la escala del problema. Entre 2018 y 2019 las tomas disminuyeron 11.8 %, pasando de 14 894 a 13 137. Cabe aclarar que esta disminución tiene relevancia ya que es la primera vez que las tomas clandestinas detectadas en ductos dejaron de crecer desde 2004; sin embargo, no reflejan una disminución prácticamente total como presumía el presidente.

Aunado a esta situación, un análisis de los mercados negros de combustible locales durante 2019 apunta a una situación mucho más compleja que a una reducción casi total a escala nacional. Algunos estados mostraron caídas notables en la cantidad de tomas clandestinas detectadas entre 2018 y 2019, como es el caso de Morelos, Sonora, Sinaloa y Jalisco. Sin embargo, estos ejemplos de disminución chocan con casos de caídas poco considerables (aproximadamente -11 % en los hotspots de Puebla y Tamaulipas) y entidades que mostraron aumentos preocupantes como Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Tabasco.

Esta situación no es fortuita. La investigación académica ha observado que las células criminales involucradas en el trasiego de combustibles (y en otros mercados negros concentrados en territorios subnacionales) operan sin grandes inversiones en infraestructura, volviéndolas muy móviles. Cuando estos grupos enfrentan un aumento en la represión estatal pueden desplazarse a territorios con menos monitoreo de manera eficaz, un fenómeno que por ejemplo se ha observado a nivel local cuando células criminales mudaron sus operaciones de la zona del Triángulo Rojo a la Sierra Norte en Puebla a mediados de 2019.

Pero la movilidad no ha sido la única herramienta de adaptación desplegada por los traficantes de combustibles. Durante 2019 una rama menos explotada del MNCM mostró un crecimiento importante: el gas LP. Entre 2018 y 2019, el número de puntos de extracción ilegal en ductos de gas LP aumentó prácticamente 497 %, representando pérdidas por 13 000 millones de pesos de acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas). La mayoría de estos aumentos se concentraron en entidades que lideraban en el contrabando de combustibles durante 2018: Puebla, Estado de México e Hidalgo. Periodistas en el estado de Puebla observaron, por ejemplo, cómo la priorización del gobierno por perseguir el robo de combustibles como la gasolina y el diesel empujó a diferentes actores criminales a diversificarse hacia el gas LP.

Estos actores ilícitos encontraron, en un momento de creciente represión estatal, un hidrocarburo que además cuenta con una rama informal histórica en México que es más vulnerable a la cooptación criminal y con una red de ductos más grande y con más actores involucrados (Pemex, CFE, privados). Cuando hablamos del MNCM tenemos que considerar al gas LP como parte de este sofisticado mercado criminal, que además atesta a la capacidad de adaptación y resiliencia de sus protagonistas para seguir percibiendo ganancias en coyunturas hostiles. A esto hay que sumar las altas tasas de impunidad que son una problemática estructural del aparato de seguridad del Estado, con tasas de denuncia ante la FGR por tomas clandestinas detectadas en 2019 que no llegan a 39 % (en los casos de tomas en ductos para sustracción de gas LP apenas superan 17 %).

Finalmente, es necesario mencionar que el operativo de López Obrador destaca por la cantidad de elementos desplegados para disminuir la sustracción y trasiego de combustibles, al igual que su duración. Sin embargo no es la primera vez que el gobierno federal lanza operativos para contener y disminuir el alcance de este mercado criminal. Las presidencias de Fox (2004), Calderón (2009) y Peña Nieto (2015) lanzaron sus respectivos operativos contra el mercado negro de hidrocarburos con resultados que fueron meramente coyunturales. Estos ejemplos han demostrado que el MNCM no es ajeno a la represión del Estado mexicano, y que este mercado ilícito ha encontrado formas de mantener su continuidad a pesar de las estrategias gubernamentales. Las señales de disminución presentadas durante el primer año de la presidencia de López Obrador llaman a un optimismo cauteloso en el mejor de los casos, no a un triunfalismo anticipado. Sobre todo si consideramos la falta de un diagnóstico certero, las contradicciones y la evidencia disponible.

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Como mencionamos, el gobierno tiene una tendencia a sólo reportar el robo de combustibles en ductos, dejando a otras instalaciones estratégicas, como las refinerías, sin un diagnóstico certero sobre el impacto del mercado ilícito de derivados. La única ocasión que se presentaron datos sobre robo en refinerías y terminales fue a principios de 2019, cuando Octavio Romero mostró cifras al comienzo del operativo federal en contra del mercado ilícito de combustibles. En 2015 se alcanzó un pico de robo de hidrocarburos en refinerías y Terminales de Almacenamiento y Reparto que equivalió a 10.2 millones de barriles. En 2017 y 2018 la sustracción en esas instalaciones equivalió a 5.4 y 3.2 millones de barriles, respectivamente.

A partir de entonces los ductos se han vuelto la única fuente de reporte por robo, a pesar de que las cifras disponibles entre 2013 y 2018 indican que los ductos han alternado con otras instalaciones energéticas en su importancia para la sustracción ilícita de hidrocarburos. Incluso en los reportes a la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos Pemex sólo correlaciona las tomas clandestinas en ductos con el total de pérdidas ilícitas en barriles. En marzo de 2022 la revista de investigación Contralínea publicó documentos internos de Pemex que mencionaban un faltante por robo de 7542 barriles de combustibles diarios en cinco de las seis refinerías del país en revisiones aleatorias que se llevaron a cabo entre 2019 y 2021.

De acuerdo con Pemex, el robo de derivados cayó de 4.8 a 3.6 miles de barriles diarios entre 2020 y 2021, mientras que las tomas clandestinas detectadas aumentaron de 11 022 en 2020 a 11 037 en 2021. La caída en el número de barriles robados entre estos dos años no se refleja en las pérdidas económicas percibidas por Pemex; en 2020 éstas equivalieron a 4.9 miles de millones de pesos (mmdp), mientras que en 2021 aumentaron a 6.8 mmdp. Al aludir a estas cifras, cabe recordar las ocasiones en las que Pemex ha admitido no contar con los mecanismos para asegurar que no existan diferencias entre la producción y los balances en refinerías y terminales de distribución o controles internos efectivos para limitar las pérdidas por sustracción ilegal de derivados. Sin embargo el MNCM no sólo es un mercado interno, también existe una rama trasnacional.

Aunque resulte sorprendente, la problemática del tráfico de hidrocarburos no es una situación exclusiva a México. Se han detectado mercados ilícitos de combustibles en África del Norte y Medio Oriente, Asia Pacífico, África Subsahariana, Europa, América del Norte y Latinoamérica. Un común denominador de los mercados negros de combustibles trasnacionales es que su formación y consolidación están intrínsicamente ligadas a la explotación de la diferencia en los precios de los energéticos entre países, muchas veces influenciados por políticas de subsidios, cargas fiscales y condiciones de mercado. Y México no ha sido la excepción a esta tendencia global. Los precios históricos de la gasolina en México y EE. UU. exhiben varios momentos en los que costos de este energético eran sustancialmente más bajos en el vecino del norte, generando un incentivo clave para el trasiego y con un periodo relevante y reciente entre 2014 y 2020.

Figura 1: Precios de gasolina en Estados Unidos y México

Fuente: tradingeconomics.com

Podemos afirmar, por lo tanto, que el MNCM tiene dos facetas: una interna que se ha dedicado principalmente a cooptar y explotar a Pemex y una transnacional que genera la mayoría de sus ganancias enfocándose en importaciones ilegales. La existencia de una rama nacional y transnacional da a los traficantes de combustibles más opciones de diversificación y por ende más fuentes de resiliencia. La agencia de precios del sector energético Oil Price Information Service (OPIS) estimó que, para diciembre de 2020, 68 200 barriles diarios de lubricantes, componentes de mezcla y aceites base se estaban importando en México, un aumento de 50 % con respecto al año anterior. Para ese mismo momento, el volumen de lubricantes y aceites base importados al día superaban por 2.5 veces los niveles de 2019. Además, durante 2020 la demanda de lubricantes y aceites en México disminuyó 20 %. Estos aumentos tan pronunciados y súbitos en un contexto de caída de demanda apuntan a operaciones ilícitas.

Estos aceites base se estaban mezclando con combustibles de motor o clasificando diesel como lubricante para evadir cargas fiscales en México y capturar ganancias de manera ilegal. Estas prácticas permitían a estos importadores evadir 7.5 pesos por litro, dándoles un margen de ventaja de 40 % en comparación con lo pagado por sus contrapartes legales. La adulteración de fórmulas para borrar su trazabilidad y evadir cargas fiscales es una práctica común de otros mercados negros de combustible internacionales (conocida como “fraude de hidrocarburos”) y que está presente en toda América Latina.

La mayoría de las importaciones cruzan vía Nuevo Laredo por tren y vía Brownsville por tráiler. En el último cuarto de 2020 las importaciones de combustibles vía ferrocarril aumentaron más de 60 %. Sin embargo, datos de OPIS apuntan a una caída de las importaciones de gasolina, diesel y turbosina de 15 % en ese mismo periodo. En contraste, durante ese periodo la importación de lubricantes, aceites base y componentes de mezcla creció 175.4 %.

Un representante ferrocarrilero argumentó que la utilización de documentación “legítima” hace difícil diferenciar entre los cargamentos legales e ilícitos. Este es uno de los principales incentivos de los mercados negros de hidrocarburos: el hecho de que el bien traficado no es inherentemente ilegal permite a las operaciones ilícitas “camuflar la ilegalidad” replicando etiquetados, documentación y medios de transporte para hacerlos parecer legítimos. Camuflar la ilegalidad funge como una medida de protección que permite a las operaciones de tráfico de combustibles desarrollarse mientras se esconden a la vista de todos. Por ejemplo, importadores ilícitos ingresan sus productos a México clasificando sus cargamentos con otros códigos aduaneros como lodos de perforación o fluidos.

La situación se vuelve aún más compleja cuando se consideran los cambios de posesión propios de los procesos de importación, con las partes compradoras responsables de lidiar con las aduanas en México presentando la documentación requerida y pagando los impuestos correspondientes. De acuerdo con actores del sector energético, existen distribuidores legítimos que no saben que están vendiendo derivados de origen ilegal. Esta es otra característica de los mercados ilícitos de derivados: que pueden establecer “cadenas de suministro invisibles” que cooptan al sector legal para transporte y distribución. Otros comercializadores formales pueden darse cuenta de los orígenes ilegales de los derivados por los precios de venta por debajo del mercado legal (-4 a -5 pesos entre 2019 y 2020); aunque también es importante resaltar que existen casos de coacción y amenaza por parte de distribuidores ilícitos.

En 2019 el gobierno mexicano militarizó el control de las aduanas e involucró al SAT y a la Profeco para atenuar las importaciones ilegales de hidrocarburos. Para julio de 2020, el SAT incautó 117 millones de litros de combustibles importados ilegalmente (1011 barriles diarios) que cruzaron por Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Juárez, Ciudad Miguel Alemán y Nogales. Estos logros merecen reconocimiento; sin embargo, debemos recordar que en una problemática compleja como ésta suelen resultar esporádicos. Las importaciones por tráiler vía Nuevo Laredo se detuvieron entre junio y agosto de 2021, una vez que las aduanas se militarizaron. No obstante, volvieron a aumentar, una situación que se replicó con las importaciones ilícitas de aceites base y lubricantes transportados por tren vía Matamoros.

Cabe aclarar que las importaciones ilícitas de combustibles no es un problema exclusivo de la frontera norte. Comerciantes privados han declarado que importaciones ilegales estaban ingresando por el puerto de Dos Bocas. Preocupantemente, la falta de datos indica que estos combustibles están siendo clasificados como otro tipo de productos. La titular del SAT ha advertido que las importaciones ilegales por vía marítima es un fenómeno extendido por toda la costa del Golfo de México.

Esta evidencia apunta a que el MNCM enfocó sus esfuerzos en su lado importador entre 2020 y 2021, otra adaptación al operativo del actual gobierno que priorizó atacar las operaciones de esta empresa ilícita que explotaban las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Una vez más, observamos cómo las redes delictivas detrás del mercado criminal de derivados despliegan una adaptación eficaz para seguir beneficiándose de esta redituable actividad.

Para finalizar, resulta pertinente recalcar una estimación de la escala de este mercado negro que es a todas luces apabullante. En abril de 2022, Raquel Buenrostro presentó un cálculo del tamaño del mercado ilegal de hidrocarburos en México correspondiente a los primeros trimestres de 2021 y 2022. Entre enero y marzo de 2021, de una demanda total de 112.5 millones de barriles, 24.9 millones fueron provistos por el mercado ilícito. Para el mismo periodo de 2022, de una demanda de 144.8 millones de barriles, 16.9 millones fueron de origen ilegal. Esto quiere decir que los primeros tres meses de ambos años, el MNCM (con su rama interna y externa) equivalió al 22.1 y al 14.7 % del consumo de combustibles de México. La complejidad y escala descritas en este artículo señalan que el MNCM es uno de los mercados ilícitos de hidrocarburos más complejos y sofisticados a escala global —y que continuará siendo una amenaza a la seguridad pública y al sector energético del país por varios años más.

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Samuel León Sáez. Autor y analista independiente especializado en mercados ilícitos de combustibles por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Su libro Huachicol: el nuevo mercado criminal en México (M.A. Porrúa) se publicará próximamente. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.com.

Nota del Editor: Este artículo fue originalmente publicado en Nexos,  el 25 de agosto, 2022. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. EnergiesNet.com no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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EnergiesNet.com 26 08 2022