Por Lucía Bastidas

El perdón hay que ganárselo y no han demostrado ningún interés
en hacerlo las personas que hicieron parte de esa reunión.

La polémica por los acercamientos de Juan Fernando Petro, hermano del candidato del Pacto Histórico, con presos del pabellón Ere Sur de la penitenciaría nacional de La Picota en Bogotá para hablar de “perdón social”, no es gratis; a muchos colombianos nos causa incertidumbre y zozobra ese tipo de reuniones clandestinas de corruptos, narcotraficantes y criminales con emisarios de un candidato presidencial.

Ese concepto del que ha venido hablando Gustavo Petro tiene que ver sin duda, y como lo ha expuesto él mismo en medios, con perdonar a los que le hicieron tanto daño a este país. Por el contrario, lo que debe pasar, y las propuestas que deben presentar los candidatos, deben girar en torno a promover la sanción social para todos los que están condenados y la exigencia pública de que cumplan con la verdad, la justicia y la reparación que les deben a las víctimas.

Los colombianos necesitamos que haya claridad sobre lo que en realidad sucedió, hay muchas contradicciones que persisten. Por un lado, la foto y la carta de la reunión del pasado 8 de abril que contó con la presencia de Juan Fernando Petro, encuentro que reconoció Gustavo Petro que si se dio y conocía, y en el cual incluso aseguró que se había hablado de una de sus propuestas que era el ‘perdón social’ y que Iván Moreno quería ser precisamente constructor de esa idea. Y es que al evaluar lo que podría representar, no es un acto social, es alegoría a la impunidad.

Aunque han pasado 12 años, aquí no podemos olvidar el daño contundente que hizo el cartel de la contratación en Bogotá, cómo se desfalcaron más de $315.000 millones de las arcas del Distrito, afectando entre otras, la construcción de la troncal de Transmilenio por la Calle 26, en un saqueo a través de la entrega de millonarios contratos por los que cobraban jugosos sobornos; y más importante aún que ese escándalo tuvo como protagonistas al ex alcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván, quienes todo este tiempo han posado con cinismo frente al asalto que hicieron con la complicidad de varios funcionarios, muchos de ellos en libertad aún, mientras que el dinero de los ciudadanos nunca pudo ser recuperado.

Entre otros asistentes, estuvieron personas condenadas por crímenes graves, algunos de ellos permeados de hechos de violencia que han dejado innegable dolor y sangre en Colombia, ocasionados por guerrilleros, paramilitares y miembros de bandas criminales y tuvieron, según la justicia, algún grado de vinculación y connivencia con financiación o instigación de actividades ilegales, narcotráfico, asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamientos de esos grupos armados irregulares.

¿Si el tema no era de votos, por qué coincidencialmente llegaron al pabellón donde se encuentra exalcaldes, exsenadores, exgobernadores que fueron elegidos en su momento con un gran caudal político y económico? ¿Por qué si lo que se estaba hablando como dijo el hermano de Petro era sobre el mejoramiento de las condiciones carcelarias, no se fue a otros pabellones donde si son necesarias, pues no es secreto cómo en el Ere Sur los privilegios van y vienen? ¿Qué más mejoras quieren?

Hemos escuchado por estos días voces como las de Roy Barreras, que afirmó que la reunión en La Picota fue una torpeza enorme y en ella hablar de perdón social; por otro lado, Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, asegurando que la visita no se coordinó desde la campaña, que allí nadie habló del concepto ‘perdón social’; a una de las abogadas del Pacto Histórico, Cielo Rusinque, también diciendo públicamente que admitió que la invitación que hicieron los presos de La Picota llegó directamente a la campaña y se atendió para saber qué tenían que decir.

Y ahora al mismo Gustavo Petro diciendo que su hermano acudió a la cárcel de manera autónoma y que no tiene ningún efecto en la campaña, cuando Juan Fernando ha hecho constantemente en sus redes públicas la representación que hace como delegado por el partido en diferentes regiones. En resumidas cuentas, ha pasado casi una semana del episodio y todavía no se ponen de acuerdo.

Lo cierto es que aunque muchos miembros del Pacto Histórico quieran negar lo que es evidente, la realidad es que el perdón social es un invento ridículo, una excusa que busca favorecer a corruptos, criminales y mafiosos. El perdón hay que ganárselo y no han demostrado ningún interés en hacerlo las personas que hicieron parte de esa reunión.

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Lucía Bastidas es concejal de Bogotá por el partido verde, comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con maestría en Ciencia Política con énfasis en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana y especialista en Alta Dirección del Estado de la Escuela Superior de Administración Pública. Se desempeñó como asesora de la Personería de Bogotá, trabajó también en el CNRR, fue Consejera para el municipio de Soacha, asesora de la Comisión Nacional de Televisión y Directora del IDPAC en la Administración del exalcalde Luis Eduardo Garzón. Hizo parte del grupo de jóvenes que promovió la séptima papeleta y fue asesora del ex candidato presidencial Horacio Serpa. Recientemente se desempañaba como directora para la Democracia y la Participación Ciudadana y la Acción Comunal en el Ministerio de Interior. EnergiesNet.com reproduce este artículo en interés de nuestros lectores.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente por Semana, el 19 de abril marzo de 2022. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada en el comentario como un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

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EnergiesNet.com20 04 2022