• En lo que va del gobierno de López Obrador han sido asesinados 79 activistas sociales y defensores de los derechos humanos, según el Comité Cerezo México.

En los primeros cuatro años del actual gobierno federal han sido asesinados 79 activistas sociales y defensores de los derechos humanos, según el Comité Cerezo México.

En 2019 fueron 17; en 2020, 15; en 2021, 25 y en 2022, 22. En este último año en Oaxaca hubo 10 casos; en Puebla, tres y en Michoacán dos. Con uno están los estados de Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua y Baja California.

De estos activistas asesinados 18 fueron hombres y cuatro mujeres, seis eran indígenas, seis ambientalistas, tres periodistas, una buscadora de desaparecidos, otra normalista y en cinco de los casos no se identifica su origen.

“Las ejecuciones fueron por motivos políticos, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando. Los perpetradores fueron agentes del Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”, asegura el Comité.

Y añade que “a nivel estatal y municipal se continúa con la estrategia de represión política como en los dos sexenios anteriores y, segundo, que desde el gobierno federal existe una política de impunidad ya que no hay castigo a los responsables, excusándose el gobierno federal en que no es su competencia el delito de homicidio, que es del fuero común”.

En todo el sexenio del gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2009) ocurrieron 67 ejecuciones extra judiciales y en el del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron 189. En el actual gobierno el promedio de activistas asesinados ha sido de 19.75 al año y de continuar el mismo número al fin del sexenio habría 118, el doble que en el gobierno de Calderón y menos que en el de Peña Nieto.

El Comité Cerezo plantea, con toda razón, que “la responsabilidad de proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos es del estado mexicano en su conjunto, aunque legalmente la justicia federal tendría la capacidad de atraer todos los casos de ejecución extra judicial”.

De manera particular la organización afirma que las altas tasas de ejecuciones de activistas sociales en el actual gobierno federal se deben, sobre todo, a la existencia de la impunidad que es de prácticamente en la totalidad de los casos, misma realidad de por lo menos los dos sexenios anteriores.

@RubenAguilar

______________________________________________________

Rubén Aguilar Valenzuela, Socio fundador de Afan Consultores Internacionales, S.C. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor en el Departamento de Comunicaciones y Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana. Articulista en diversos periódicos y revistas. Fue Fundador y director de la Agencia Salpress del FMLN, el Salvador. coordinador de la Secretaría Particular de la presidencia de Fox (2002-2004) y portavoz del gobierno (2004-2006). Sus últimos libros en conjunto con Jorge Castañeda son: La Diferencia: Radiografía de un sexenio (2007) y El Narco: La Guerra Fallida (2009). Twitter: @RubenAguilar, ruben@miscuadernos.com.mx. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet

Nota del Editor: Este artículo fue originalmente publicado en  Animal Político, el  27 de marzo, 2023. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. EnergiesNet en Español no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

EnergiesNet alienta a las personas a reproducir, reimprimir, y divulgar a través de los medios audiovisuales e Internet, los comentarios editoriales y de opinión de EnergiesNet, siempre y cuando esa reproducción identifique, a el autor, y la fuente original, http://www.petroleumworld.com y se haga dentro de el uso normal (fair use) de la doctrina de la sección 107 de la Ley de derechos de autor de los Estados Unidos de Norteamérica (US Copyright).

EnergiesNet.com 27 03 2023