Por Natalie Kitroeff y Oscar Lopez

CIUDAD DE MÉXICO — La fiscalía general de México dijo esta semana que investigaba al expresidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en la que sería la primera confirmación oficial de una indagatoria de ese tipo por parte de fiscales federales.

Pero para muchos mexicanos no estaba claro de inmediato si el anuncio en realidad constituía un paso para fincar responsabilidades o solo una maniobra política.

A Peña Nieto se le ha acusado de participar en varios esquemas ilegales y de direccionar millones de dólares en sobornos mientras estuvo en el cargo, pero las autoridades mexicanas aún no han presentado cargos en su contra.

Si las investigaciones llevan al exmandatario a juicio, se trataría de una medida inédita en México, un país en el que muchos presidentes han sido acusados de corrupción, pero ninguno de ellos ha sido juzgado.

Aun así, la noticia de las investigaciones probablemente beneficie al sucesor de Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en 2018 gracias a un electorado atraído por su promesa de erradicar la corrupción del sistema político.

Hay observadores políticos que consideran que justamente de eso se trata este anuncio.

“Como mexicano, anhelaría que fuera un tema de justicia y no de política electoral”, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, un grupo anticorrupción.

Bohórquez cuestionó el momento en que se hizo el anuncio, que coincide con la definición de las líneas de batalla en los comicios estatales del próximo año en dos bastiones del partido de Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional, o PRI. La contienda es cada vez más competitiva.

“La idea es recordarles quién fue Peña Nieto. Y qué es el PRI”, dijo Bohórquez, “El anhelo de una sociedad de justicia se convierte en una herramienta electoral”

Peña Nieto dejó el poder en 2018 con tasas de aprobación históricamente bajas luego de que durante gran parte de su presidencia lo persiguieron escándalos de corrupción, una situación que debilitó a su partido, otrora dominante.

Su sucesor, López Obrador, se ganó el apoyo de millones de votantes al presentar su movimiento político como una ruptura con los abusos del pasado. El partido que fundó, Morena, ha ido erosionando de manera constante el control del PRI por todo el país.

Pero, a pesar de la retórica, durante la presidencia de López Obrador se han presentado pocos cargos contra exfuncionarios y aún menos han resultado en condenas.

“Es parte de un discurso público del cual no hemos visto ningún resultado”, dijo Javier Cruz Angulo, profesor de derecho en la universidad CIDE. “No hemos visto ningún resultado concreto contra nadie”.

En el caso de Peña Nieto, las autoridades parecen tener muchos de los elementos necesarios para entablar un proceso judicial.

El gobierno ha detenido a un testigo clave —Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, la compañía petrolera estatal— que dijo a las autoridades que el exmandatario gastó millones en sobornos políticos.

El año pasado, los fiscales federales acusaron a Peña Nieto de participar en una red criminal que entregó millones de dólares en sobornos a legisladores, según informaron medios locales. Y el mes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que forma parte de la Secretaría de Hacienda, anunció que también había estado investigando a Peña Nieto por transferencias sospechosas de millones de dólares.

Peña Nieto ha mantenido su inocencia en una serie de publicaciones en Twitter. “Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”, dijo el mes pasado.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República llevaban dos años abiertas antes de ser anunciadas el martes, dijo un funcionario del gobierno que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicamente. La decisión de dar a conocer las investigaciones al parecer se tomó después de que al presidente López Obrador le preguntaran sobre los avances en el caso contra Peña Nieto en una conferencia de prensa más temprano ese mismo día.

“La fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó”, dijo López Obrador a los periodistas el miércoles. “Dijimos que seguramente la fiscalía iba a informar”.

Un comunicado oficial de la oficina del Fiscal General proporcionó poca claridad sobre si se presentarían cargos, o cuándo sería, e indicaba que los fiscales estaban esperando, en un caso, “pruebas indispensables”.

Parte del escepticismo en torno al anuncio puede estar relacionado con la creciente preocupación por el principal fiscal de México. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, fue elegido por una abrumadora mayoría del Senado en 2019, después de que López Obrador presentara su nombre en una terna con varios otros candidatos.

Pero en el último año, Gertz Manero ha enfrentado cada vez más cuestionamientos sobre su seguimiento de casos considerados como políticamente motivados o impulsados por sus propias venganzas personales.

En 2020, el fiscal general encarceló a su sobrina en el marco de una investigación sobre la muerte de su hermano. En marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que su detención fue inconstitucional y ordenó la liberación de la mujer. Su intento de encarcelar a renombrados académicos por malversación de fondos gubernamentales también fue rechazado por un juez el año pasado.

Gertz Manero tampoco ha conseguido la condena de ninguna figura importante en uno de los casos de corrupción más notorios de los últimos años: la prolongada investigación sobre los sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos públicos en toda Latinoamérica.

El escándalo regional ha hecho caer a altos funcionarios en Brasil, Argentina, Perú y Colombia, pero nadie en México ha sido condenado, a pesar de que la empresa admitió haber pagado 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.

“La Fiscalía ha perdido mucha credibilidad”, dijo Cruz Angulo, el profesor de derecho.

Desde que llegó al cargo, López Obrador ha parecido dudar sobre la cuestión de si se debe procesar a los presidentes anteriores.

Hace un año, el presidente celebró una consulta nacional sobre si los expresidentes deberían ser juzgados. Aunque el 90 por ciento de las personas que votaron estuvieron a favor, la participación de menos del siete por ciento hizo que los resultados del referéndum no fueran vinculantes.

El miércoles, cuando se le preguntó sobre las acusaciones contra Peña Nieto, el líder mexicano dijo que “no es mi fuerte la venganza”. Insistió en que esas investigaciones solo se llevarían a cabo “si el pueblo lo pide”.

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Natalie Kitroeff es corresponsal en el extranjero y cubre México, Centroamérica y el Caribe. @Nataliekitro. She was part of a team of reporters that won a 2021 Polk award and were Pulitzer finalists for their coverage of the assasination of Haiti’s prime minister.  Oscar Lopez, periodista del New York Times en la Ciudad de México, @NLGJA periodista del año 2020. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del Editor: Este artículo fue originalmente publicado por El New York Times, el 3 de agosto, 2022. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. EnergiesNet en Español no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis

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EnergiesNet.com 15 08 2022