Aunque Trump prometa 65.000 millones de barriles, sin democracia plena no hay garantía que valga — y sin garantía, las grandes petroleras no se mueven.
Por Elio Ohep, Petroleumworld-EnergiesNet
SAN DIEGO, CA
Petroleumworld.com/EnergiesNet.com 31 08 2026
El 28 de agosto, Donald Trump anunció lo que llamó «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial»: el control por parte de Estados Unidos de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas, con la promesa de que bajará «sustancialmente» el precio de la gasolina. Dos días después, D. Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, confirmó el pacto con cifras propias: 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales para Caracas a lo largo de 25 años, y la garantía de que «Venezuela retiene la propiedad y soberanía sobre sus recursos».
Entre ese anuncio y esta semana, varios especialistas —de posiciones distintas entre sí— coincidieron en algo poco común: dudar, con cifras propias, de que lo anunciado se corresponda con lo que el acuerdo puede entregar en la práctica.
Lo que se sabe, y lo que no
Según fuentes gubernamentales no identificadas, la estructura no sería una transferencia de propiedad sino algún tipo de vehículo conjunto para operar campos en el Lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco. Se ha hablado de 17 campos, pero ni esa cifra, ni la figura corporativa, ni el plazo —100 años según unas versiones, 25 según D. Rodríguez— han sido confirmados oficialmente por ninguno de los dos gobiernos. Lo único dicho con precisión es que Estados Unidos recibiría alrededor del 55% del valor generado, entre participación accionaria y crudo garantizado «a precio de costo». Marco Rubio, quien negoció el acuerdo, calculó que traerá «casi 100.000 millones de dólares en inversión privada» y «miles de empleos bien pagados». El texto del acuerdo no se ha hecho público, y la legislatura venezolana tampoco lo ha aprobado.
El escepticismo técnico
Francisco Monaldi, del Baker Institute de Rice University, pidió conocer «los detalles del acuerdo» —incluida la lista real de campos— para poder evaluarlo, ya que no existe un texto escrito contra el cual verificarlos. Advirtió que «un aumento significativo de la producción es altamente improbable» en el corto plazo.
El economista José Guerra hizo el cálculo más simple: al ritmo actual de producción, extraer el volumen anunciado tomaría cerca de 89 años. Thomas O’Donnell, uno de los analistas de petróleo venezolano más citados y leídos, calcula un horizonte parecido: cinco a siete años, y solo con una transición pacífica del poder.
La legitimidad, cuestionada desde dos frentes
Ricardo Hausmann, de Harvard y exministro de Planificación de Venezuela, calificó el pacto de «acuerdo vergonzoso» y sostuvo que D. Rodríguez «no tiene legitimidad ni poder constitucional» para comprometer a Venezuela a un acuerdo de esta magnitud. Gustavo Coronel, geólogo y miembro de la primera junta directiva de PDVSA, fue más tajante: llamó a la operación «un acto de rapiña» y describió el momento político como un tránsito de la «tutela cubana» a la «tutela de Trump».
D. Rodríguez ha respondido insistiendo en que el país conserva la propiedad de sus recursos, y que los ingresos se convertirán en «soluciones concretas. La vivienda es una de ellas».
María Corina Machado, líder opositora y Nobel de la Paz, no se ha pronunciado sobre este acuerdo puntual; antes había defendido la privatización plena del sector, un modelo distinto al que finalmente se negoció con D. Rodríguez.
Lo que ya estaba pasando
Antes del anuncio, la producción venezolana ya se recuperaba, aunque de forma modesta: entre 1,0 y 1,1 millones de barriles diarios hacia julio, muy por encima del mínimo de 2020 (350.000-400.000 b/d) pero lejos de los 2,5 millones de 2013. Rystad Energy calcula que llegar a 1,4 millones de b/d requiere 14.000 millones de dólares de inversión; llegar a 3 millones, 130.000 millones. Las exportaciones de agosto —casi 885.000 b/d, máximo de cuatro años— confirman que la recuperación es real. Pero es una cifra diaria, de cientos de miles de barriles; los 65.000 millones que encabezan el anuncio son reservas totales bajo tierra, no producción ni exportación inmediata. Son dos magnitudes distintas y no deberían confundirse.
Un caso reciente ilustra además el riesgo que persiste: en junio, Venezuela revocó, en cinco semanas y sin audiencia para el afectado, el 40% que DP Delta Finance tenía en PetroDelta. Los campos pasaron a un operador cuyo contrato facilitó Alejandro Betancourt, empresario que también participa en el diseño de la estrategia petrolera del gobierno.
El mecanismo, en contexto
Lo que se negocia no es una figura nueva: se parece más a una fórmula para operar y monetizar el petróleo que a una venta de las reservas, no muy distinta de la apertura petrolera de los años noventa. Esa apertura ya les daba a los inversionistas el derecho a recurrir al CIADI —el tribunal de arbitraje de disputas de inversión del Banco Mundial— en caso de conflicto, en vez de depender solo de tribunales venezolanos. El Estado venezolano conserva la titularidad; las empresas invierten y operan a cambio de una parte de la producción.
Ese respaldo legal no impidió que Venezuela presionara y terminara expropiando a ExxonMobil y ConocoPhillips en 2007, cuando se negaron a ceder el control mayoritario de sus proyectos a PDVSA. Fue precisamente ese respaldo el que les permitió después ganar los arbitrajes que todavía están por cobrar.
Lo que Trump busca ahora es un involucramiento más directo del gobierno estadounidense para que eso no se repita, aunque todavía no está claro en qué consistiría esa garantía. Parte de ese involucramiento es el propio Departamento del Tesoro, que administraría los pagos del acuerdo: un mecanismo que, más allá de proteger a las empresas, funciona también como control directo de Washington sobre el manejo de los recursos que genere el petróleo.
Lo que falta
Ninguna empresa ha sido nombrada formalmente como parte del acuerdo de los 65.000 millones de barriles, aunque se espera que Chevron y Halliburton firmen contratos independientes la próxima semana —sobre campos ya en operación, no sobre los nuevos del acuerdo de Trump.
Y queda la condición de fondo, la misma que hemos señalado en nuestra cobertura anterior en inglés sobre Venezuela y su sector petrolero: sin mecanismos democráticos reales, este acuerdo no vale ni medio centavo partido por la mitad. Rubio presiona para que se instale la nueva Asamblea Nacional electa en 2025, y con ella la renovación del poder judicial y la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Sin esos cambios, el acuerdo será letra muerta y las empresas involucradas no tendrán las garantías blindadas que se supone las protegen.
Fuentes: NPR, La Patilla, Center for American Progress, BluRadio, Efecto Cocuyo, The Week, Fortune, Infobae, Investing.com, Quartz, Claude (Anthropic AI) — research assistance. Notas relacionadas (en inglés): The Price of Admission · Delta Finance, PetroDelta · Betting on Venezuela · Still Unknown: Trump’s Biggest Oil Deal
By Elio Ohep, editor@petroleumworld.com
EnergiesNet.com 31 08 2026
